La Comisión Europea aplaza la implementación de su marco sobre IA y derechos de autor mientras crece el rechazo desde el ámbito cultural. España encabeza las críticas
Un código envuelto en polémica
La Comisión Europea ha decidido revisar y posponer aspectos clave del nuevo marco digital, en particular la regulación sobre inteligencia artificial y la protección de los derechos de autor. La medida busca aliviar la carga normativa sobre las tecnológicas, pero se produce en un momento de tensión con el sector cultural europeo.
En el centro del debate se encuentra el “código de buenas prácticas para la IA de propósito general”, una guía que desarrolla la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act). Aunque esta ley exige transparencia sobre los datos empleados para entrenar modelos de IA y respeto al copyright, el borrador actual solo impone “esfuerzos razonables”, una formulación que ha desatado críticas por su ambigüedad.
España lidera la ofensiva cultural
El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, ha denunciado públicamente la inseguridad jurídica que, a su juicio, genera el texto. En una carta dirigida a altos cargos comunitarios, Urtasun subraya que el actual borrador no garantiza la protección efectiva del artículo 17 de la carta de derechos fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la propiedad intelectual.
España, respaldada por varios estados miembros, reclama una revisión urgente del documento. Exige que se incorporen mecanismos jurídicamente vinculantes que garanticen una defensa real de los derechos de autores, músicos, cineastas y periodistas cuyos contenidos podrían ser utilizados por sistemas de IA sin su autorización.
Regulación técnica, aplicación política
Aunque el AI Act entró en vigor en agosto de 2024, varias de sus disposiciones —como la clasificación de sistemas de riesgo o las auditorías previas— aún están pendientes de aplicación. Bruselas plantea ahora una implementación escalonada del código, que podría aprobarse antes de fin de año, aunque sin carácter obligatorio inmediato.
El Parlamento Europeo, por su parte, presiona para mantener estándares elevados. Algunas eurodiputadas han advertido que diluir las exigencias del código sería “peligroso” para los derechos fundamentales y supondría una cesión ante las grandes plataformas tecnológicas.
Innovación vs. protección cultural
La controversia pone de manifiesto una disyuntiva central: cómo impulsar la innovación tecnológica sin sacrificar los derechos de los creadores. El enfoque actual, basado en compromisos voluntarios, genera inquietud entre los sectores culturales que exigen mayor rigor normativo.
Frente a ellos, startups y pymes digitales piden un calendario flexible y reglas asumibles que no frenen su desarrollo. La Comisión estudia ajustes que permitan compatibilizar ambas demandas, sin renunciar a los “estándares éticos” que defiende.
Un equilibrio aún por definir
El debate en torno al código de buenas prácticas revela las tensiones internas de una Europa que aspira a liderar el desarrollo responsable de la IA sin abandonar su compromiso con la cultura. El resultado final, aún abierto, deberá conciliar innovación tecnológica y derechos autorales. Por ahora, España ya ha tomado partido.
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