Por un dólar, las agencias del gobierno de Estados Unidos podrán usar ChatGPT Enterprise durante todo un año. La inteligencia artificial entra así, de forma casi simbólica, en los pasillos del Estado. OpenAI ha cerrado un acuerdo con la Administración de Servicios Generales para desplegar su modelo estrella en todo el aparato federal. Lo que viene después es lo que está en juego.
La oferta más simbólica del siglo
Un dólar. Ni más, ni menos. Es lo que pagará cada agencia federal por tener acceso a ChatGPT Enterprise durante doce meses. La GSA —la oficina que centraliza las compras del Estado— ha habilitado a OpenAI como proveedor oficial. Con ello se estrena también el programa “OpenAI for Government”, pensado para acelerar el uso de IA en organismos como la NASA o el Departamento del Tesoro, que ya han comenzado a hacer pruebas.
Un copiloto para la maquinaria pública
El objetivo es la eficiencia. Automatizar tareas repetitivas, ayudar a redactar documentos, buscar normativas, responder preguntas frecuentes. No se trata de sustituir a los funcionarios, sino de liberar tiempo. La promesa es convertir a la IA en una especie de copiloto administrativo. Un asistente que no duerme y que, en teoría, no se equivoca.
Cuando los datos cruzan de manos
El acuerdo contempla un entorno cerrado. OpenAI asegura que los datos no se usarán para entrenar sus modelos y que se ofrecen garantías de privacidad, cifrado y control. Pero no todos los detalles han sido publicados. La pregunta no es solo qué puede hacer la IA, sino quién tiene acceso a lo que ve y aprende. Y eso, en un entorno estatal, no es menor.
El marco legal que lo hace posible
El movimiento encaja en una estrategia federal más amplia, impulsada inicialmente por la administración Trump bajo el nombre de Plan de Acción de IA. Una hoja de ruta que busca acelerar la innovación tecnológica, atraer inversión y evitar frenos regulatorios. En paralelo, modelos como Gemini (de Google) y Claude (de Anthropic) también han sido aprobados como proveedores oficiales.
Un dólar hoy, ¿y mañana?
El precio de entrada —tan simbólico como atractivo— busca facilitar la adopción sin obstáculos. Pero también siembra dudas. ¿Qué pasará después del primer año? ¿Cuánto costará mantener el acceso? ¿Habrá margen de maniobra si el servicio se vuelve indispensable? La dependencia tecnológica, cuando se normaliza, ya no tiene descuento.
Una puerta abierta, sin saber aún a dónde da
ChatGPT ya no es solo un producto viral. Ya no vive solo en escritorios privados o aulas universitarias. Ahora se instala, por la puerta principal, en la maquinaria del Estado.
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