Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en promulgar una legislación nacional integral sobre inteligencia artificial, anticipándose a la implementación del reglamento europeo conocido como la Ley de IA (AI Act). La norma, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni y aprobada el 17 de septiembre por el Parlamento, establece un marco legal ambicioso que combina control estatal, protección de derechos fundamentales y fomento a la innovación tecnológica.
La ley italiana enfatiza la transparencia, la supervisión humana y la ciberseguridad como pilares para un desarrollo ético de la IA. Entre sus aspectos más relevantes, se encuentra la exigencia de trazabilidad y vigilancia humana en los sistemas de IA aplicados en sectores clave como salud, justicia, administración pública, educación, deporte y relaciones laborales. Además, limita el uso de sistemas de IA por parte de menores de 14 años, quienes necesitarán consentimiento parental para acceder a estas tecnologías.
Alessio Butti, subsecretario para la transformación digital, aseguró que la legislación busca “reintegrar la innovación en el perímetro del interés público”, estableciendo un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la protección de derechos ciudadanos. Para garantizar su aplicación, el gobierno ha designado a la Agencia para Italia Digital y a la Agencia Nacional de Ciberseguridad como autoridades rectoras en el ámbito de la IA. Al mismo tiempo, se mantendrán las competencias regulatorias de organismos como el Banco de Italia y la Consob.
La ley también introduce sanciones penales para la difusión maliciosa de contenidos generados por IA, como los deepfakes, con penas de entre uno y cinco años de prisión si se produce daño. Asimismo, se endurecen las penas para delitos como el fraude o el robo de identidad cuando se emplean sistemas de IA de forma ilícita.
En cuanto a propiedad intelectual, el texto legal establece que las obras asistidas por IA podrán ser protegidas por derechos de autor siempre que incluyan un esfuerzo creativo humano. A la vez, se limita la minería de datos y textos mediante IA a contenidos no protegidos o a investigaciones científicas llevadas a cabo por instituciones autorizadas.
Para impulsar el desarrollo del ecosistema tecnológico, el gobierno ha aprobado un fondo de capital riesgo respaldado por el Estado con una dotación de hasta mil millones de euros. Este capital será destinado a apoyar empresas pequeñas, medianas y grandes que trabajen en IA, ciberseguridad, telecomunicaciones y tecnologías cuánticas. Sin embargo, voces críticas han señalado que esta cifra resulta modesta frente a las inversiones que realizan potencias como Estados Unidos o China.
En el ámbito sanitario, la normativa permite el uso de la IA para apoyar diagnósticos y tratamientos, aunque la decisión final siempre deberá estar en manos de un profesional médico. También se garantiza el derecho de los pacientes a ser informados. En el entorno laboral, se obliga a los empleadores a notificar a los trabajadores si utilizan herramientas de IA en el entorno de trabajo.
Con esta legislación, Italia da un paso firme hacia una gobernanza ética de la inteligencia artificial, posicionándose como referente europeo y anticipando los desafíos que plantea la revolución tecnológica.
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