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Apple ha lanzado una alerta pública con acento legal. Pide derogar —o al menos revisar de raíz— la Ley de Mercados Digitales (DMA). Lo hizo con un mensaje dirigido a los usuarios europeos, pero pensado para Bruselas. La empresa afirma que, desde que la norma se aplica, sus dispositivos en Europa funcionan peor, más lento, con menos funciones. Que la seguridad podría verse comprometida. Que los usuarios ya no tienen la experiencia Apple, sino una versión fragmentada.

Las funciones que no llegan y los avisos de Apple

En su comunicado oficial, Apple expone un argumento sencillo y repetido: las reglas del DMA la obligan a abrir su ecosistema, y eso le impide garantizar su estándar de calidad. Dice que algunas funciones, como el “mirroring” de iPhone o la traducción en tiempo real con los AirPods, no pueden desplegarse en Europa por «inseguridad regulatoria». Y que habilitar el acceso a componentes clave a terceros —otra de las exigencias— pone en riesgo la privacidad.

La acusación es directa. La ley, que nació para frenar abusos de poder, termina perjudicando al usuario. Apple se presenta como víctima de un marco legal desproporcionado, que además —según denuncia— no se aplica con la misma firmeza a otros competidores.

Qué quiere la UE con la DMA (y por qué molesta tanto)

El Digital Markets Act buscaque los gigantes tecnológicos no cierren el paso a sus rivales. Para eso, obliga a las plataformas dominantes (las llamadas gatekeepers) a abrirse, interoperar, dejar espacio a otras voces. En la práctica, eso significa que Apple debe permitir tiendas de apps alternativas, compartir acceso a funciones que antes solo usaban sus servicios y evitar prácticas de favoritismo en su sistema operativo. Nada de eso es nuevo en el debate digital europeo. Pero ahora, con multas aplicadas y reglas en marcha, el conflicto ya no es teórico. Y Apple ha decidido llevarlo al escenario público.

Multas, ajustes y un App Store con condiciones nuevas

En abril de 2025, Apple fue multada con 500 millones de euros por impedir que los desarrolladores informaran a los usuarios sobre otras formas de pago fuera del App Store. Fue la primera gran sanción bajo el DMA, y marcó un precedente. Desde entonces, Apple ha cambiado sus condiciones para Europa, ahora permite informar sobre pagos externos y plantea una estructura de comisiones más flexible. La Comisión Europea ha emitido guías para facilitar esa transición. Pero Apple sostiene que no basta. Que algunas de sus propuestas para cumplir han sido rechazadas sin explicación. Que los requisitos no siempre son claros. Que la ley no solo corrige desequilibrios, también impone nuevas fricciones.

Bajo el conflicto: dos modelos de entender la tecnología

Más allá de las multas y los comunicados, el choque refleja una disputa de fondo. Apple defiende un ecosistema cerrado, donde todo está controlado para garantizar seguridad, rendimiento, coherencia. La UE promueve un modelo de mercado más abierto, con más opciones y menos dependencias. Son dos ideas distintas de cómo debe ser un sistema digital. Apple alerta sobre riesgos en privacidad si abre el acceso a otros actores. La Comisión responde que sin reglas comunes no hay competencia real. La empresa teme perder el control sobre su experiencia de usuario. Los reguladores temen que sin intervención, el mercado quede capturado por unos pocos.

Cuando Europa regula, el mundo escucha (o se incomoda)

El llamado «efecto Bruselas» describe un fenómeno conocido. Cuando la UE regula con firmeza, muchas veces esas reglas se expanden a otros mercados. Es lo que ocurrió con el GDPR, y lo que podría pasar con el DMA. Por eso el caso de Apple no es solo europeo. Es también una advertencia global. Meta, por ejemplo, ya fue sancionada por su modelo publicitario en Europa. Google y Amazon también ajustan estrategias. Pero Apple ha sido la más frontal, pide reescribir la ley, o al menos quitarle el poder a la Comisión y dárselo a una agencia independiente.

Lo que decide el usuario, aunque no lo parezca

Lo que está en juego no es menor. Si Apple decide no lanzar ciertas funciones en Europa, el usuario quedará con una versión recortada del producto. Si la ley se mantiene tal como está, las grandes plataformas deberán cambiar cómo diseñan servicios para el continente. En ambos casos, el impacto es directo.

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