La disputa entre Apple y la Digital Markets Act (DMA) de la Unión Europea entra en fase crítica. La compañía acusa al bloque comunitario de imponer reglas «enormes e intrusivas» que amenazan su modelo de negocio. En Luxemburgo, donde se decide el futuro del ecosistema Apple en Europa, no solo está en juego una multa, también un principio.
Una ley para abrir puertas cerradas
La Digital Markets Act, en vigor desde marzo de 2024, se dirige a los grandes intermediarios digitales. Se les denomina «guardianes de acceso» (gatekeepers) y se les exige que abran partes de sus servicios a terceros. Apple figura en la lista inicial de seis empresas identificadas como guardianes, junto a Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta y Microsoft.
Para Apple, las obligaciones afectan a varios de sus servicios clave, la App Store, Safari y el sistema operativo iOS. La normativa le exige, entre otros puntos, permitir la instalación de aplicaciones desde tiendas externas (sideloading), permitir el uso de sistemas de pago alternativos dentro de las apps, y garantizar que los usuarios puedan desinstalar aplicaciones preinstaladas.
En la audiencia del 21 de octubre, Apple llevó su apelación al Tribunal General de la UE. Su abogada, Daniel Beard, afirmó que la normativa impone una carga «enorme e intrusiva» sobre la compañía. La demanda no cuestiona solo la designación de Apple como «guardián», sino el alcance de las obligaciones que conlleva.
El modelo Apple, bajo presión
Apple defiende que su ecosistema cerrado no es un capricho comercial, sino una apuesta por la seguridad, la privacidad y la experiencia de usuario. La empresa argumenta que forzar la apertura de su plataforma pone en riesgo esa coherencia. Según su comunicado oficial, algunas funciones diseñadas para sus nuevos dispositivos no pueden lanzarse en Europa hasta que cumplan con los requisitos de interoperabilidad impuestos por la DMA.
Entre los ejemplos más concretos se encuentran la nueva función de duplicación de pantalla entre iPhone y Mac y la traducción en tiempo real a través de AirPods. Ambas se han aplazado en territorio europeo. Apple sostiene que abrir estos sistemas compromete tanto la experiencia como la seguridad de los usuarios.
Interoperabilidad, seguridad y límites técnicos
Uno de los puntos más delicados de la DMA es la interoperabilidad obligatoria. Esto significa que Apple debe garantizar que otras aplicaciones, servicios o dispositivos puedan comunicarse sin restricciones con su sistema operativo y hardware.
Este requisito afecta elementos técnicos sensibles como interfaces de programación (APIs), acceso a sensores, notificaciones o redes inalámbricas. Según estudios técnicos, la exposición de estos componentes aumenta los vectores de ataque y reduce el margen de control que Apple ejerce para prevenir comportamientos maliciosos.
Apple advierte que no puede garantizar el mismo nivel de protección si debe abrir sus sistemas a terceros, especialmente si no controla el diseño ni el ciclo de actualizaciones de esas soluciones externas.
Tensiones entre regulador y regulado
La Comisión Europea, sin embargo, mantiene que el ecosistema Apple ha restringido la competencia y que las nuevas reglas no buscan castigar a las grandes empresas, sino garantizar un acceso justo al mercado. Bruselas acusa a Apple de bloquear a competidores y limitar las opciones de los desarrolladores.
Desde la entrada en vigor de la DMA, Apple ya ha sido sancionada con una multa de 500 millones de euros por no permitir que las aplicaciones informaran a los usuarios sobre precios más bajos fuera de la App Store. El caso actual es más amplio, no se trata de una infracción puntual, sino de una disputa estructural sobre el cumplimiento de la normativa.
Apple replica que la regulación impone una carga desproporcionada y desigual, especialmente porque su sistema se basa en una fuerte integración vertical. También advierte del impacto económico y técnico que tendría adaptar su arquitectura a las condiciones exigidas solo en el mercado europeo.
Un modelo global a examen
La batalla legal entre Apple y la Comisión Europea no es un caso aislado. En Estados Unidos, India, Corea del Sur y Australia también se discute el rol dominante de los grandes ecosistemas digitales. En muchos de estos mercados, las autoridades están considerando normativas similares que obligan a compartir infraestructura, datos o sistemas operativos.
Varios expertos señalan que la interoperabilidad puede aumentar la competencia, pero también entraña riesgos técnicos y organizativos. El argumento de Apple sobre la seguridad no es exclusivo, otras tecnológicas han usado razones similares para resistirse a regulaciones.
Un juicio que marcará precedentes
El Tribunal de Luxemburgo debe decidir si la Unión Europea puede exigir a Apple que modifique elementos estructurales de su modelo operativo. Y si es legítimo condicionar el despliegue de nuevas funciones a que estas sean compatibles con servicios de la competencia.
Más allá de Apple, la resolución sentará un precedente para las relaciones entre grandes plataformas tecnológicas y autoridades regulatorias. Y puede influir en cómo se define el equilibrio entre innovación, competencia y control en el futuro digital global.
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