El Gobierno presenta una candidatura conjunta con más de 4.000 millones de euros en juego que busca situar al país en el núcleo duro de la infraestructura digital europea, combinando potencia de cálculo, energía, talento y soberanía tecnológica en un proyecto llamado a redefinir el mapa industrial de la IA en la Unión Europea
El Gobierno de España ha dado un paso decisivo en su estrategia digital al anunciar que incorporará a la Comunidad de Madrid a la candidatura que ya lideraba Catalunya para optar a una de las futuras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. La decisión, presentada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, supone un cambio de escala político, territorial y económico en la carrera por atraer una de las infraestructuras tecnológicas más estratégicas del continente.
Hasta ahora, la propuesta española se apoyaba en la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, como núcleo principal del proyecto. Con la incorporación de San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo apuesta por una arquitectura territorial dual que combina el músculo científico y de supercomputación de Catalunya con la centralidad institucional, financiera y logística de Madrid. No se trata solo de sumar ubicaciones, sino de construir una oferta más sólida frente a las candidaturas que preparan otros grandes Estados miembros como Alemania, Francia o Países Bajos.
La magnitud económica del proyecto da idea de lo que está en juego. El propio ministro ha avanzado que la inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros. Se trata de un volumen comparable al de una gran infraestructura energética o de transporte, lo que ilustra cómo las gigafactorías de IA han pasado a ser consideradas piezas críticas de la soberanía económica y tecnológica.
La alianza Madrid-Catalunya es la apuesta más ambiciosa de España por entrar en la primera división europea de la inteligencia artificial, con una infraestructura estratégica comparable a una gran planta energética o a un polo aeroespacial.
Estas instalaciones no son simples centros de datos. Son complejos industriales diseñados para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial de nueva generación, con billones de parámetros y una capacidad de cálculo que exige decenas o cientos de miles de procesadores especializados. A su alrededor se articulan redes eléctricas de alta capacidad, sistemas de refrigeración avanzados, enlaces de telecomunicaciones de baja latencia y cadenas de suministro altamente fiables. En la práctica, son fábricas de conocimiento algorítmico, capaces de alimentar desde aplicaciones médicas y científicas hasta sistemas de defensa, industria avanzada o administración pública digital.
La Comisión Europea ha convertido estas gigafactorías en uno de los pilares de su estrategia para no quedar subordinada a Estados Unidos y China en la carrera por la IA. Tras el anuncio de la presidenta Ursula von der Leyen en la Cumbre de París de enero de 2025, Bruselas se ha comprometido a movilizar hasta 200.000 millones de euros a través de la iniciativa InvestAI, una combinación de fondos públicos y privados destinada a levantar una red europea de infraestructuras de computación, centros de entrenamiento de modelos y, en su cúspide, las gigafactorías. El objetivo es que al menos cuatro de estas grandes instalaciones estén operativas entre 2027 y 2028.
España quiere estar en ese primer grupo. La candidatura Madrid-Catalunya se presenta como una síntesis de capacidades complementarias. Catalunya aporta una base científica y técnica ya reconocida a nivel europeo, con el Barcelona Supercomputing Center como uno de los nodos más avanzados del continente en computación de alto rendimiento. Madrid añade una concentración única de sedes corporativas, centros financieros, organismos públicos y conexiones internacionales, además de una red creciente de centros de datos y talento digital.
El proyecto se articulará a través de un consorcio público-privado en el que participará la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital. La lógica es clara: ningún Estado europeo puede, por sí solo, financiar y operar infraestructuras de esta escala sin el apoyo del capital privado y de grandes actores tecnológicos. Al mismo tiempo, la participación pública garantiza que la infraestructura responda a objetivos estratégicos de país y de Unión Europea, como la protección de datos, la ciberseguridad o la autonomía tecnológica.
La dimensión territorial del anuncio tiene también una lectura política. En un contexto de tensiones entre administraciones y de debates identitarios, el Ejecutivo ha querido subrayar que la alianza entre Madrid y Catalunya no es un gesto táctico, sino una señal de que la competitividad tecnológica exige cooperación entre los grandes polos económicos del país. Frente a la fragmentación, el Gobierno propone una candidatura que suma recursos, talento y capacidad industrial para competir en Europa.
Desde el punto de vista económico, una gigafactoría de IA puede convertirse en un potente tractor de inversión. Alrededor de estas infraestructuras se instalan empresas de software, laboratorios de investigación, startups, proveedores de servicios energéticos y firmas de ingeniería. El impacto no se limita al empleo directo, sino que se extiende a toda la cadena de valor digital, desde la formación universitaria hasta la atracción de proyectos internacionales de alto valor añadido.
En el fondo, la apuesta por una gigafactoría no es solo una cuestión de prestigio tecnológico. Es una decisión sobre el lugar que España quiere ocupar en la economía del siglo XXI. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología transversal que condiciona la productividad, la competitividad industrial, la seguridad y la capacidad de decisión de los Estados. Disponer de infraestructura propia para entrenar y ejecutar modelos avanzados significa no depender de plataformas extranjeras para funciones críticas, desde la sanidad hasta la gestión de infraestructuras o la defensa.
La candidatura conjunta Madrid-Catalunya refleja esa ambición. España no se limita a pedir fondos europeos; plantea un proyecto de país que integra territorios, inversión pública y capital privado en una infraestructura pensada para décadas. En un continente que ha llegado tarde a algunas grandes plataformas digitales, la batalla por las gigafactorías de IA se ha convertido en una oportunidad para recuperar terreno y redefinir el equilibrio de poder tecnológico dentro de la Unión Europea.
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