El sistema educativo catalán ya no garantiza por sí solo ni cohesión social ni prosperidad económica, y la irrupción de la inteligencia artificial acelera la urgencia de reformarlo.
La educación vuelve al centro del debate estratégico en Catalunya, pero esta vez no como un ámbito sectorial, sino como la infraestructura crítica sobre la que se juega el modelo de país. El documento “Els reptes de l’educació i la formació del segle XXI a Catalunya”, elaborado por la asociación El País de Demà con la participación de más de un centenar de expertos, plantea una diagnosis incómoda: el sistema educativo ha dejado de ser el principal ascensor social y necesita una transformación estructural para adaptarse a un entorno marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y la volatilidad del mercado laboral.
El informe, presentado en Barcelona en abril de 2026, no se limita a señalar déficits. Propone 93 acciones concretas y dibuja un itinerario de reforma que abarca desde la educación obligatoria hasta la universidad y la formación profesional, con un enfoque sistémico y de largo plazo. El objetivo es claro: reconstruir un modelo educativo capaz de generar talento, reducir desigualdades y sostener el estado del bienestar en un contexto de cambio tecnológico acelerado.
Un sistema tensionado por resultados y contexto
Los datos de rendimiento educativo, especialmente los derivados de las evaluaciones de PISA, actúan como señal de alarma. El documento subraya que el porcentaje de alumnos sin competencias básicas ha aumentado de forma significativa en la última década, situándose en niveles que comprometen tanto la equidad como la competitividad futura.
Pero el problema no es únicamente cuantitativo. Es estructural. El sistema arrastra déficits en cultura del esfuerzo, en generación de hábitos de estudio y en conexión con la realidad profesional. A ello se suma una fragmentación organizativa que dificulta la coherencia de las políticas educativas y una excesiva carga burocrática que limita la capacidad de los centros para innovar.
En este contexto, el informe introduce una idea clave: la educación ya no puede concebirse como una etapa cerrada, sino como un proceso continuo a lo largo de toda la vida. Este cambio de paradigma no es retórico. Está directamente vinculado a la aceleración tecnológica y a la obsolescencia creciente de los conocimientos.
Tecnología e inteligencia artificial: de desafío a eje estructural
Si hay un vector que atraviesa todo el documento es la transformación digital. La irrupción de la inteligencia artificial no se interpreta como un elemento accesorio, sino como un factor que redefine la naturaleza misma del aprendizaje.
El sistema educativo catalán, según el informe, sigue operando en gran medida con lógicas pre-IA: currículos centrados en la memorización, sistemas de evaluación que no contemplan el uso de herramientas inteligentes y una escasa integración de competencias digitales avanzadas.
La propuesta es contundente: integrar la IA de forma transversal en todas las etapas educativas. No solo como herramienta, sino como objeto de comprensión crítica. Esto implica enseñar a los estudiantes qué puede hacer la IA, pero también cuáles son sus límites, sus sesgos y sus implicaciones éticas.
En paralelo, se plantea un cambio en el foco educativo: del “saber contenido” al “saber pensar”. En un entorno donde la información es abundante y accesible, el valor diferencial pasa por la capacidad de análisis, la creatividad, el juicio crítico y la adaptabilidad.
El papel del profesorado en la nueva arquitectura educativa
Ninguna reforma educativa es viable sin abordar el rol del profesorado. El documento es explícito: la profesión docente ha perdido prestigio y necesita una profunda revisión tanto en su formación inicial como en su desarrollo profesional.
Se identifican carencias en competencias clave para el contexto actual, especialmente en alfabetización digital y dominio del inglés. Al mismo tiempo, se propone elevar la exigencia en el acceso a la profesión y reforzar los itinerarios de formación continua.
La lógica es clara: en un sistema donde la tecnología gana peso, el docente no desaparece, pero su función cambia. Pasa de ser transmisor de contenidos a facilitador del aprendizaje, mentor y guía en entornos complejos.
Formación profesional y universidad: el desajuste persistente
Uno de los puntos más críticos del análisis es la desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Catalunya presenta un déficit estructural de titulados en formación profesional, especialmente en áreas técnicas, mientras mantiene un elevado porcentaje de universitarios sobrecualificados.
El informe señala que entre el 30% y el 40% de los graduados universitarios no encuentran empleos acordes a su nivel formativo, mientras que sectores clave de la economía no logran cubrir vacantes por falta de perfiles técnicos.
La solución pasa por reequilibrar el sistema. Se propone aumentar entre un 30% y un 40% las plazas de formación profesional superior, especialmente en ámbitos tecnológicos e industriales, y consolidar el modelo de FP dual como vía preferente de inserción laboral.
Al mismo tiempo, se plantea redefinir el papel de la universidad, reforzando su función conceptual y evitando que asuma tareas que corresponden a la formación profesional.
Gobernanza y estabilidad: la reforma pendiente
Más allá de los contenidos y las metodologías, el documento pone el foco en la gobernanza del sistema. La falta de continuidad en las políticas educativas, condicionadas por los ciclos políticos, es identificada como uno de los principales obstáculos para cualquier transformación profunda.
La propuesta más relevante en este ámbito es la creación de un Consejo Catalán de Educación independiente, elegido por el Parlamento, con capacidad para definir prioridades estratégicas y garantizar la continuidad de las reformas.
Se trata de un intento de blindar la educación como política de país, alejándola de la lógica cortoplacista y dotándola de una visión estructural.
Educación, economía y cohesión social: un triángulo inseparable
El diagnóstico final del informe es inequívoco: la calidad del sistema educativo es uno de los principales determinantes de la cohesión social y de la capacidad productiva. Sin una reforma profunda, Catalunya corre el riesgo de consolidar un modelo dual, con desigualdades crecientes y menor capacidad de generar valor añadido.
La educación, en este sentido, no es solo un derecho. Es un activo estratégico. Un sistema capaz de formar ciudadanos críticos, adaptables y tecnológicamente competentes es la base sobre la que se construye la competitividad de un país.
El documento de El País de Demà no ofrece soluciones simples. Pero sí marca una hoja de ruta: más exigencia, más conexión con la realidad, más integración tecnológica y, sobre todo, más visión a largo plazo.
