Los sandboxes regulatorios dejan de ser una promesa tecnológica para convertirse en el mecanismo con el que las administraciones quieren probar inteligencia artificial, movilidad autónoma e innovación sin poner en riesgo los derechos de la ciudadanía.
La inteligencia artificial ha entrado de lleno en las administraciones públicas. Ya no se limita a automatizar expedientes, agilizar trámites o ayudar en el análisis de grandes volúmenes de datos. Empieza a transformar la manera en que las instituciones diseñan políticas públicas, regulan la innovación y toman decisiones. Pero esa transformación plantea un interrogante de enorme calado: ¿cómo puede una administración experimentar con tecnologías que todavía evolucionan a gran velocidad sin comprometer la seguridad jurídica, los derechos fundamentales o los principios que sustentan el Estado de derecho?
Esta fue la gran cuestión que vertebró el congreso internacional «Improving Administrative Decisions using AI, Experimentation and Sandboxes«, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat de Barcelona (UB) los días 25 y 26 de junio en Barcelona. Durante dos jornadas, investigadores, juristas, responsables institucionales y especialistas en innovación pública analizaron cómo los denominados sandboxes regulatorios están empezando a convertirse en uno de los principales instrumentos para incorporar la inteligencia artificial a la Administración sin renunciar a las garantías democráticas.
Aunque el término sandbox nació en el ámbito tecnológico para describir entornos seguros donde probar software antes de su despliegue definitivo, su aplicación al derecho administrativo está adquiriendo una dimensión mucho más amplia. Se trata de espacios jurídicamente controlados donde administraciones, empresas y centros de investigación pueden experimentar con nuevas soluciones antes de incorporarlas de forma permanente a los servicios públicos.
El objetivo ya no consiste únicamente en comprobar si una tecnología funciona. También se pretende evaluar su impacto jurídico, administrativo, social y económico, detectar riesgos antes de una implantación generalizada y aprender qué cambios normativos serán necesarios para acompañar la transformación tecnológica.
Experimentar sí, pero dentro del Estado de derecho
La conferencia inaugural corrió a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona Juli Ponce Solé, uno de los mayores especialistas españoles en innovación regulatoria y buena administración.
Su intervención se apoyó en el trabajo «Los sandboxes en España y su relación con la buena administración y la colaboración público-privada: una revisión jurídica crítica», publicado recientemente por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), donde analiza las fortalezas y las limitaciones del modelo español de experimentación regulatoria.
Lejos de presentar los sandboxes como simples laboratorios tecnológicos, Ponce los situó como una nueva herramienta jurídica para mejorar la calidad de la regulación y de las decisiones públicas.
Su conclusión fue especialmente clara: aunque los sandboxes pueden convertirse en instrumentos muy valiosos para fomentar la innovación y el aprendizaje regulatorio, el marco jurídico español necesita una regulación común, tanto estatal como local, que permita coordinar mejor estas iniciativas y evite una carrera hacia una reducción progresiva de las garantías jurídicas —la conocida expresión anglosajona race to the bottom—.
El profesor defendió que la experimentación administrativa no puede entenderse únicamente como una cuestión política o de gestión. Debe ajustarse siempre al principio de legalidad y respetar plenamente los derechos y obligaciones de administraciones, empresas y ciudadanía. A su juicio, el futuro de los sandboxes pasa por establecer mecanismos de gobernanza más claros, procedimientos homogéneos y diseños institucionales suficientemente sólidos para que la innovación sea plenamente compatible con el Estado de derecho.
Esta reflexión marcó el tono del resto del seminario: la inteligencia artificial no puede implantarse únicamente porque sea técnicamente posible; debe hacerlo dentro de un marco jurídico robusto que preserve la confianza ciudadana.
Valencia convierte toda la ciudad —y ahora también el puerto— en un laboratorio de innovación
El caso que despertó mayor interés fue el de Valencia, presentado por Fermín Cerezo, jefe del Departamento de Innovación del Ayuntamiento.
Su planteamiento parte de una idea muy sencilla: la ciudad debe convertirse en un espacio donde empresas, universidades y centros tecnológicos puedan validar soluciones innovadoras en condiciones reales antes de comercializarlas o implantarlas a gran escala.
La filosofía del proyecto quedó resumida en una frase que sintetiza el modelo valenciano:
«Tú traes la idea, nosotros ponemos la ciudad.»
Lejos de tratarse de un escaparate tecnológico, el Sandbox Urbano de Valencia pretende facilitar que las empresas puedan probar inteligencia artificial, movilidad, robótica, sostenibilidad, sensores urbanos o nuevas soluciones digitales utilizando infraestructuras municipales, servicios públicos y espacios reales de la ciudad.
La administración actúa como facilitadora, pero también como garante del interés general. Las pruebas están limitadas temporalmente, cuentan con supervisión institucional y deben aportar conocimiento útil para mejorar futuras regulaciones y servicios públicos.
El modelo valenciano sitúa la colaboración público-privada en el centro de la estrategia de innovación. La ciudad ofrece escenarios reales para experimentar, mientras que empresas y universidades aportan tecnología y conocimiento. El objetivo no consiste únicamente en acelerar proyectos empresariales, sino en generar evidencia para diseñar mejores políticas públicas.
Pocos días después del congreso, este planteamiento dio un paso decisivo. El Ayuntamiento de Valencia anunció una alianza estratégica con la Autoridad Portuaria de Valencia para incorporar toda la actividad logística del puerto al Sandbox Urbano.
La iniciativa amplía el laboratorio mucho más allá de los límites municipales y convierte el puerto en un nuevo espacio de experimentación para inteligencia artificial, logística inteligente, movilidad, automatización y digitalización de infraestructuras críticas.
Se trata de una evolución especialmente significativa porque incorpora uno de los principales nodos logísticos del Mediterráneo al ecosistema de innovación urbana, multiplicando las posibilidades de experimentación.
Madrid utiliza el sandbox para preparar la movilidad autónoma
El segundo gran caso analizado fue el de Madrid, presentado por David Agrait, asesor de la Dirección General de Gestión y Vigilancia del Tráfico del Ayuntamiento.
Madrid está utilizando el modelo sandbox para abordar uno de los ámbitos más complejos de la innovación pública: la movilidad autónoma.
El ejemplo más visible es el autobús autónomo que se está desarrollando en Mercamadrid dentro del proyecto europeo Mobilities for EU.
Sin embargo, la ponencia dejó claro que el verdadero interés no reside únicamente en el vehículo.
El reto consiste en construir todo un ecosistema donde convivan infraestructuras inteligentes, comunicaciones 5G, sensores, plataformas de datos, sistemas de gestión del tráfico, señalización adaptativa, prioridades semafóricas, recarga eléctrica y evaluación jurídica permanente.
Madrid prevé poner en marcha durante 2026 un servicio continuo de transporte autónomo de pasajeros, integrar todos los datos con la plataforma municipal y desplegar una red privada 5G stand alone para garantizar comunicaciones de muy baja latencia.
La experiencia demuestra que un sandbox no sirve únicamente para comprobar si una tecnología funciona.
También permite aprender cómo deberá regularse cuando abandone la fase experimental.
Uno de los mensajes más interesantes de la intervención fue que las ciudades no pueden actuar como reguladores aislados. Los proyectos de movilidad autónoma necesitan coordinarse con la normativa estatal, europea y con los organismos responsables de tráfico, homologación y seguridad vial.
Precisamente esa coordinación convierte el sandbox en una herramienta de aprendizaje regulatorio y no simplemente tecnológico.
Barcelona busca consolidar un marco jurídico para experimentar
El tercer gran bloque estuvo dedicado a Barcelona.
Michel Donaldson, responsable de innovación de BIT Habitat, explicó cómo la ciudad trabaja desde hace años en la construcción de espacios de experimentación urbana.
Barcelona considera que la innovación no puede depender únicamente de proyectos puntuales, sino que necesita reglas estables que permitan experimentar con seguridad jurídica.
En esta línea, la ciudad acaba de impulsar una nueva Ordenanza de Espacios de Experimentación, destinada a facilitar proyectos piloto relacionados con inteligencia artificial, movilidad, transición ecológica o nuevas tecnologías urbanas.
La ordenanza pretende ofrecer un marco estable para que empresas, universidades y administraciones puedan desarrollar proyectos innovadores bajo supervisión pública y con garantías jurídicas claras.
El seminario también abordó la aplicación concreta de la inteligencia artificial en las inspecciones administrativas.
Eva María Mur Cavero, responsable de los Servicios de Inspección del Ayuntamiento de Barcelona, explicó cómo los sistemas inteligentes pueden ayudar a detectar riesgos, priorizar actuaciones, cruzar información y optimizar recursos públicos.
Sin embargo, recordó que la automatización nunca puede sustituir completamente el juicio administrativo.
Las inspecciones afectan directamente a empresas, licencias, sanciones y derechos ciudadanos, por lo que la supervisión humana continúa siendo imprescindible.
Barcelona también acogió una reflexión especialmente interesante de Wellington Migliari sobre los límites de la gobernanza algorítmica.
Su intervención recordó que no todos los problemas sociales pueden transformarse automáticamente en problemas de datos.
La inteligencia artificial puede mejorar la gestión pública, pero no puede reemplazar la deliberación democrática ni la responsabilidad política.
Mucho más que tecnología
El seminario también analizó cuestiones como la sostenibilidad de la inteligencia artificial, la infraestructura digital necesaria para desplegarla en el sector público, la confianza ciudadana o el nuevo perfil profesional que necesitarán las administraciones.
Las intervenciones de Nicoletta Rangone, Verónica Rojas, Petia Guintchev, Joost Joosten, Alberto Castro, Anahí Casadesús y Agustí Cerrillo mostraron que la transformación no depende únicamente del desarrollo tecnológico.
También exige nuevas capacidades institucionales, nuevos perfiles profesionales y nuevas formas de gobernanza.
La inteligencia artificial obliga a repensar la organización administrativa, la contratación pública, la interoperabilidad de los datos, la ciberseguridad, la transparencia y los mecanismos de supervisión.
Una Administración más experimental, pero también más garantista
El principal mensaje que dejó el congreso organizado por la UOC y la Universitat de Barcelona es que la Administración del futuro será necesariamente más experimental.
Los sandboxes representan una nueva forma de diseñar políticas públicas basada en la prueba, la evaluación y el aprendizaje antes de regular definitivamente.
Pero, al mismo tiempo, deberán reforzar las garantías jurídicas y democráticas.
Como recordó Juli Ponce en la conferencia inaugural, experimentar no puede convertirse en una excepción al Estado de derecho.
Los sandboxes solo tendrán éxito si consiguen demostrar que es posible innovar sin rebajar garantías, aprender sin poner en riesgo derechos fundamentales y construir una regulación capaz de evolucionar al mismo ritmo que la inteligencia artificial.
