Donald Trump nombra a su director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, nuevo zar de la IA y le concede 120 días para determinar los riesgos y oportunidades de una tecnología que la Casa Blanca considera decisiva en su pulso estratégico con China.
Donald Trump ha decidido elevar definitivamente la inteligencia artificial a la categoría de asunto de seguridad nacional. El presidente de Estados Unidos ha creado la Super Intelligence Force (SIF), un nuevo grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de coordinar la actuación del Gobierno federal ante el acelerado desarrollo de la IA, y ha colocado al frente a Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional. La elección no es únicamente organizativa. Al entregar el liderazgo de la política estadounidense sobre inteligencia artificial al responsable que coordina la comunidad de inteligencia del país, Trump vincula de forma explícita la carrera tecnológica con la seguridad, la defensa, la ciberseguridad y la competición geopolítica con China.
Clayton se convierte así en el nuevo zar de la inteligencia artificial de Estados Unidos, aunque Trump quiere desterrar precisamente esa denominación. El presidente lleva semanas insistiendo en sustituir artificial intelligence por “super intelligence”, una expresión que considera más positiva y que su Administración ya ha empezado a adoptar. La denominación resulta polémica porque en el lenguaje científico la superinteligencia describe normalmente un sistema hipotético que superaría ampliamente las capacidades cognitivas humanas, algo distinto de los actuales modelos de IA. Para Trump, sin embargo, el cambio terminológico forma parte de una estrategia política destinada a presentar la tecnología como una fuente de poder económico y nacional y no principalmente como una amenaza.
La decisión fue anunciada este domingo después de una semana extraordinariamente intensa en Washington. Trump había reunido previamente en la Casa Blanca a algunos de los principales dirigentes de la industria tecnológica y había presentado un acuerdo voluntario mediante el cual las grandes compañías se comprometen a establecer controles internos, evaluar los riesgos de sus modelos y aceptar auditorías externas. Ahora añade una estructura gubernamental para coordinar la respuesta federal, aunque sin abandonar el principio que ha definido hasta ahora su política: Estados Unidos debe vigilar los riesgos de la IA, pero no puede regularla hasta el punto de permitir que China tome la delantera.
Un informe decisivo en 120 días
La primera misión de Clayton será dirigir un análisis general sobre el impacto de la inteligencia artificial. La Super Intelligence Force dispondrá de 120 días para elaborar un informe sobre los riesgos y las oportunidades de la tecnología y definir qué papel debe desempeñar el Gobierno federal. El documento deberá abordar cuestiones que van desde la seguridad nacional y las infraestructuras críticas hasta la competitividad económica, el empleo, la protección de los ciudadanos y la respuesta ante posibles incidentes provocados por sistemas avanzados.
La composición de la SIF muestra hasta qué punto la Administración Trump contempla la IA como una cuestión transversal. Junto a Clayton estarán Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Emil Michael, responsable tecnológico del Pentágono como subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal y antiguo socio director del fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz. El grupo responderá directamente ante Trump y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
La presencia simultánea de Inteligencia Nacional, el Pentágono, la FTC y la oficina responsable de la Administración federal dibuja cuatro grandes frentes: seguridad, defensa, competencia empresarial y transformación del empleo público. La SIF deberá además mantener contactos con empresas de inteligencia artificial, consumidores, organizaciones de interés público, grupos religiosos y operadores de infraestructuras críticas. No se trata, por tanto, únicamente de otro comité tecnológico, sino del intento de construir un centro político desde el que coordinar una tecnología que afecta prácticamente a todas las áreas del Gobierno.
Jay Clayton: de Wall Street a la inteligencia artificial
La elección de Jay Clayton es significativa por su trayectoria. Abogado especializado en mercados financieros, presidió la Securities and Exchange Commission (SEC) durante el primer mandato de Trump y posteriormente ejerció como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los cargos judiciales más poderosos del país. En julio fue confirmado como director de Inteligencia Nacional, desde donde coordina las distintas agencias de inteligencia estadounidenses.
Ahora suma una segunda responsabilidad de enorme peso. Trump considera que Clayton posee el perfil necesario para abordar simultáneamente las dimensiones económica, regulatoria y estratégica de la IA. El propio Clayton ha dejado clara cuál será una de sus prioridades: para Estados Unidos, el riesgo no consiste únicamente en que los sistemas se vuelvan peligrosos, sino también en no llegar primero.
Ese razonamiento resume buena parte de la doctrina tecnológica de Trump. La Casa Blanca acepta que existen amenazas reales asociadas a los modelos avanzados, especialmente en ciberseguridad, manipulación, defensa o autonomía de los agentes, pero considera todavía más peligroso que Washington imponga restricciones mientras Pekín continúa desarrollando sistemas más potentes. La seguridad de la IA queda así subordinada a una ecuación geopolítica: cualquier medida deberá evaluarse también por su impacto sobre la capacidad estadounidense para mantener el liderazgo mundial.
La respuesta de Trump a las advertencias de Silicon Valley
La creación de la Super Intelligence Force llega precisamente cuando una parte de la propia industria tecnológica reclama bajar el ritmo. Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, ha advertido de que las capacidades de los modelos están progresando más rápidamente que los mecanismos para controlarlos. Sam Altman, de OpenAI, se ha mostrado también favorable a reforzar las salvaguardas, mientras Elon Musk ha coincidido públicamente en que algunos de los riesgos merecen mayor atención.
Las advertencias han ganado intensidad después de distintos episodios relacionados con sistemas que han mostrado comportamientos inesperados o capacidades avanzadas de ciberseguridad. Investigadores de laboratorios punteros han comenzado incluso a expresar públicamente su temor a que sistemas futuros puedan superar la capacidad humana para supervisarlos. El debate ha llegado al Congreso, donde legisladores demócratas y republicanos han planteado la necesidad de garantizar que los sistemas más avanzados permanezcan bajo control humano.
Trump rechaza, sin embargo, la conclusión de que Estados Unidos deba frenar. Su respuesta política consiste en una fórmula aparentemente contradictoria: más vigilancia, pero no necesariamente más regulación. La nueva SIF deberá estudiar amenazas y preparar respuestas ante incidentes mientras evita, según el mandato divulgado por medios estadounidenses, una “sobrerregulación” o una captura regulatoria que pueda perjudicar la competencia.
De David Sacks al jefe de los servicios de inteligencia
Clayton será el segundo gran responsable de IA de este mandato de Trump. El primero fue David Sacks, empresario e inversor de Silicon Valley que ejerció como zar de IA y criptomonedas y representaba el ala más favorable a dejar que la industria avanzara con pocas restricciones. Sacks abandonó el puesto gubernamental en marzo, aunque ha continuado ejerciendo influencia en el debate tecnológico.
El cambio de Sacks a Clayton simboliza una evolución. La inteligencia artificial ya no se contempla únicamente desde la óptica empresarial de Silicon Valley. Al situar al director de Inteligencia Nacional al frente de la nueva estructura, la Casa Blanca transmite que la IA ha entrado en la misma categoría estratégica que las capacidades militares, la ciberseguridad, la energía o la carrera espacial.
No significa necesariamente que Trump esté adoptando una posición más reguladora. De hecho, Clayton comparte la preocupación de la Administración por evitar que las restricciones estadounidenses beneficien a China. Lo que cambia es el centro de gravedad: la carrera de la IA pasa de ser fundamentalmente una política tecnológica a convertirse también en una doctrina de seguridad nacional.
El pacto voluntario con las grandes tecnológicas
La SIF nace inmediatamente después del acuerdo que Trump presentó junto a algunas de las compañías más importantes del sector. Google, OpenAI, Anthropic, Meta, Nvidia y xAI se comprometieron a establecer controles internos sobre sus sistemas y someter determinadas prácticas a evaluaciones externas. Trump describió el pacto como “moralmente vinculante”, pero no se trata de una regulación federal con obligaciones equivalentes a una ley.
Ese detalle resulta fundamental. El presidente sigue apostando por un modelo en el que las propias compañías desempeñen un papel central en su supervisión. La Administración establece principios, coordina a las agencias y prepara respuestas ante amenazas, pero evita por ahora construir una arquitectura regulatoria comparable a la adoptada por la Unión Europea.
La nueva Super Intelligence Force deberá encontrar el equilibrio entre ambos mundos. Por una parte, tendrá que demostrar que el Gobierno puede reaccionar ante sistemas cada vez más capaces y autónomos. Por otra, su mandato establece explícitamente que debe evitar frenar la innovación y la competencia. La tensión entre seguridad y velocidad está incorporada desde el nacimiento mismo del organismo.
China, el gran argumento
Detrás de prácticamente todas las decisiones de la Casa Blanca sobre inteligencia artificial aparece China. Trump ha repetido que quien domine esta tecnología tendrá una ventaja económica, militar y estratégica difícilmente reversible. Los modelos de lenguaje son solo una parte de esa competición. La carrera incluye semiconductores avanzados, centros de datos, electricidad, robots, sistemas autónomos, ciberseguridad, aplicaciones militares y capacidad científica.
Clayton ha defendido precisamente que sería irresponsable que Estados Unidos retrocediera mientras sus competidores continúan avanzando. Desde esa perspectiva, una moratoria unilateral podría convertirse en un regalo estratégico para Pekín.
La lógica recuerda a otras grandes competiciones tecnológicas del siglo XX, pero presenta una diferencia decisiva: las principales capacidades no están siendo desarrolladas exclusivamente por el Estado. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, xAI y otras compañías privadas controlan buena parte de los modelos más avanzados, mientras Nvidia y los grandes proveedores de computación dominan infraestructuras esenciales. El Gobierno necesita a esas empresas tanto como pretende supervisarlas.
Ese es uno de los problemas que deberá resolver Clayton: cómo controlar una tecnología estratégica cuya frontera está en manos privadas.
La IA entra definitivamente en la doctrina de seguridad nacional
La creación de la Super Intelligence Force también supone un cambio conceptual importante. Durante los primeros años de ChatGPT, la discusión pública giraba principalmente alrededor de productividad, empleo, educación, derechos de autor o desinformación. En apenas unos años, la conversación se ha desplazado hacia cuestiones mucho más profundas: agentes autónomos, ciberataques, armas, manipulación, pérdida de control y sistemas capaces de ejecutar tareas complejas durante horas o días sin intervención humana.
El nombramiento del director de Inteligencia Nacional como zar de la IA institucionaliza ese cambio. La tecnología que comenzó siendo presentada al gran público como un chatbot capaz de redactar textos se está incorporando ahora a la arquitectura de seguridad de la primera potencia mundial.
Y ahí reside probablemente la mayor trascendencia de la decisión de Trump. La Super Intelligence Force no nace para detener la carrera. Nace precisamente para ganarla sin perder el control por el camino.
La gran incógnita es si ambos objetivos son compatibles. Estados Unidos quiere modelos más potentes, empresas más competitivas, centros de datos más grandes y una ventaja decisiva sobre China, pero al mismo tiempo necesita garantías de que sistemas cada vez más autónomos no generarán riesgos que las propias compañías sean incapaces de controlar. Clayton dispone ahora de 120 días para empezar a definir cómo resolver esa contradicción.
Trump ya ha dejado clara su prioridad. Para la Casa Blanca, el peligro no es únicamente construir una inteligencia artificial demasiado poderosa. También lo es que otro país la construya primero.
