Televisiones y radios españolas demandan a Meta por competencia desleal y exigen 160 millones de euros por incumplir el RGPD. Meta ha adquirido una ventaja injusta en el mercado publicitario, infringiendo las normativas europeas y afectando la competitividad del sector.
La lucha por el control de los datos y la publicidad digital en España ha alcanzado un nuevo punto de tensión. UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) y la Asociación Española de Radio Comercial (AERC) han anunciado una demanda conjunta contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, reclamando 160 millones de euros por «competencia desleal». Las organizaciones sostienen que Meta ha acumulado una ventaja competitiva injusta debido a un presunto incumplimiento prolongado del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
La demanda, presentada por el abogado y catedrático Nicolás González-Cuéllar en nombre de UTECA y AERC, representa uno de los retos legales más significativos en el ámbito de la publicidad digital en España. Los principales grupos de televisión, como Atresmedia y Mediaset España, junto a influyentes cadenas de radio como Cadena SER, COPE y RAC1, alegan que las prácticas de Meta han perjudicado directamente su participación en el mercado de la publicidad online.
El eje central de la demanda es el incumplimiento del RGPD, que se introdujo en mayo de 2018 para regular el uso de datos personales en Europa. La denuncia sostiene que Meta ha ignorado repetidamente las regulaciones al procesar los datos de sus usuarios sin la transparencia ni el consentimiento que exige la ley. Las consecuencias, según las patronales, han favorecido a Meta, permitiéndole desarrollar campañas de publicidad segmentada sin las mismas limitaciones que enfrentan otros competidores.
Desde la implementación del RGPD, Meta ha defendido sus prácticas basándose en que la recolección de datos personales para su tratamiento publicitario responde a un “contrato implícito” con el usuario. Sin embargo, las autoridades europeas han desestimado en múltiples ocasiones esta argumentación, señalando que no se justifica tal base jurídica en un modelo de negocio que depende del uso de datos personales para vender publicidad.
Además, las autoridades han señalado que el enfoque de Meta en relación con el interés legítimo, una excepción que permitiría recopilar datos sin consentimiento explícito, tampoco es aplicable a sus actividades. Según la denuncia, Facebook e Instagram podrían operar sin personalización de anuncios, pero esto limitaría la capacidad de Meta para vender publicidad personalizada, que representa una de sus mayores fuentes de ingresos. Para sortear este obstáculo, Meta introdujo a mediados de 2023 un modelo de suscripción que permite a los usuarios pagar para evitar el rastreo de sus datos.
A pesar de este cambio, organismos europeos como el Comité Europeo de Protección de Datos y la propia Comisión Europea han cuestionado este modelo de suscripción como un método legítimo para cumplir con el RGPD, dado que consideran que la recopilación de datos sigue siendo una práctica en la que el usuario tiene poca capacidad de elección.
Las consecuencias económicas para los medios españoles
El crecimiento de Meta en el mercado publicitario digital ha supuesto un desafío considerable para las emisoras de radio y televisión, cuyos ingresos publicitarios se han visto mermados en los últimos años. UTECA y AERC argumentan que la ventaja injusta que Meta ha ganado a través de su manejo laxo de los datos personales ha permitido a la compañía ocupar un espacio dominante en la publicidad digital, afectando directamente la competitividad de los medios españoles.
Los 160 millones de euros que demandan corresponden, según sus cálculos, al daño económico ocasionado por la diferencia en ingresos publicitarios en comparación con las plataformas de Meta. Los denunciantes sostienen que, de haberse ajustado Meta desde un principio a la normativa de protección de datos, su capacidad de segmentación de audiencias y, por lo tanto, sus ingresos publicitarios habrían sido significativamente menores.
Un historial de demandas
Este caso en España es solo la última de una serie de disputas legales que Meta enfrenta en la Unión Europea por su incumplimiento de la normativa de protección de datos. En diciembre de 2023, más de 80 medios de prensa españoles, representados por la Asociación de Medios de Información (AMI), presentaron una denuncia similar en la que exigían 550 millones de euros en compensación. En esa ocasión, se denunció que Meta había ganado cuota de mercado al infringir el RGPD y operar en un marco publicitario sin restricciones, mientras otros medios cumplían con la normativa de manera estricta.
A nivel europeo, la batalla contra Meta ha desencadenado múltiples sanciones. En 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la compañía no podía utilizar el argumento de interés legítimo como base para recopilar datos sin consentimiento, una decisión que fue interpretada como un revés para el modelo de negocio de la empresa en Europa. Sin embargo, Meta ha intentado ajustar sus prácticas, en parte con el nuevo modelo de suscripción para usuarios que no desean ser rastreados, aunque el escepticismo sigue siendo amplio.
Hasta ahora, Meta no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la demanda de UTECA y AERC. Sin embargo, la compañía ha reiterado en numerosas ocasiones que está en proceso de cumplir con la normativa europea y que trabaja activamente en la adaptación de sus prácticas de recopilación y tratamiento de datos. No obstante, el escepticismo entre los grupos mediáticos españoles es palpable, y el recurso de la vía judicial se ha consolidado como una estrategia para presionar a la multinacional a operar bajo las mismas reglas que rigen a otras empresas en el sector.
Los medios denunciantes no descartan ampliar la demanda si se confirman sospechas de nuevos incumplimientos por parte de Meta. Según el comunicado de UTECA y AERC, esta acción representa “una defensa de la competencia justa en el ecosistema digital”, y aseguran que continuarán apelando a las instancias judiciales hasta que Meta adapte sus prácticas a la normativa vigente de forma íntegra.
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