El PSOE solicitó en el Congreso la comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador de Meta, junto a su jefe de operaciones, Javier Oliván, y el director de Asuntos Públicos de Meta en España y Portugal, José Luis Zimmermann, para responder ante las sospechas de un rastreo masivo e invisible sobre usuarios de Facebook e Instagram. La petición, apoyada en una investigación internacional, marca un nuevo episodio en la tensa relación entre gobiernos y plataformas.
Rastreos desde el bolsillo
La denuncia parte de una investigación liderada por IMDEA Networks (Madrid), en colaboración con universidades de Bélgica y Países Bajos. Según sus hallazgos, las aplicaciones móviles de Meta habrían sido capaces de rastrear la navegación web de millones de usuarios Android incluso cuando usaban «modo incógnito» o conexiones VPN. El seguimiento, que duraría cerca de un año, se realizaba sin notificación visible y asociaba las webs visitadas con identidades reales en Facebook o Instagram.
Lo que el Congreso quiere saber
El PSOE ha solicitado que los tres directivos comparezcan ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Con el objetivo de esclarecer si Meta vulneró normativas europeas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, y las nuevas leyes comunitarias sobre servicios y mercados digitales. El Gobierno insiste en la necesidad de determinar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales afectados.
La postura de Meta
Hasta ahora, la empresa ha respondido con una declaración de intenciones y colaborará de forma constructiva con las autoridades. No es la primera vez que Meta se enfrenta a acusaciones por la gestión opaca de los datos personales. De hecho, la compañía acumula litigios similares en otros países, lo que refuerza la relevancia del caso español en un escenario de creciente escrutinio.
Un caso dentro de un clima más amplio
La solicitud llega en medio de una ofensiva política y regulatoria contra las grandes tecnológicas. Bruselas ha endurecido el control sobre las plataformas, y el propio Ejecutivo español anunció en noviembre una investigación formal a Meta. La comparecencia podría marcar un precedente simbólico sobre la rendición de cuentas de multinacionales ante parlamentos nacionales.
Lo que se juega el usuario
Si se confirma el rastreo sin consentimiento, Meta podría enfrentarse a sanciones importantes y a nuevas obligaciones regulatorias. Pero también hay algo más profundo en juego, la posibilidad de que los ciudadanos recuperen parte del control sobre su huella digital. La comparecencia, en ese sentido, apunta menos al pasado que al modelo de privacidad que se está definiendo para el futuro.
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