No es una demo de laboratorio ni un chatbot experimental. El Reino Unido ha firmado un memorándum de entendimiento con OpenAI —la empresa detrás de ChatGPT— para explorar cómo integrar sus modelos de inteligencia artificial en servicios públicos clave. El acuerdo anunciado el 21 de julio refuerza la presencia de la tecnológica en Londres y marca un nuevo capítulo: el de la IA como actor cotidiano del Estado.
Del laboratorio al ministerio
No es un contrato comercial, pero tampoco un gesto simbólico. El pacto establece que OpenAI trabajará junto a departamentos del gobierno británico para identificar aplicaciones reales de sus modelos, como GPT-4o, en áreas como salud, justicia, defensa o educación. La alianza se inscribe en el “AI Opportunities Action Plan”, una estrategia nacional que apuesta por zonas de crecimiento en IA con 2 000 millones de libras de inversión pública.
El enfoque no es sólo regulador, sino de despliegue. El Reino Unido quiere multiplicar por veinte su capacidad computacional en cinco años. Para eso necesita socios tecnológicos, centros de datos, talento local… y presencia. OpenAI ya emplea a más de 100 personas en su oficina de Londres, que ahora ampliará.
La IA que atiende al ciudadano
Algunos pilotos ya están en marcha. “Humphrey”, un asistente conversacional bautizado con guiño británico, responde preguntas a funcionarios públicos y resuelve dudas administrativas. Otro prototipo acompaña a pequeñas empresas en sus trámites con el Estado. No hay promesas de revolución, pero sí de eficiencia, menos tiempo perdido, más capacidad de respuesta.
La idea es aplicar los modelos allí donde haya patrones, volumen y lenguaje natural. No se han detallado qué modelos se usan ni qué datos entrenan sus respuestas. Pero el movimiento es claro: menos teoría, más integración.
Qué se comparte y qué se supervisa
La alianza incluye un componente técnico clave. OpenAI colaborará con el AI Safety Institute, la agencia pública británica creada en 2023 para evaluar riesgos de sistemas avanzados. Compartirá información sobre sus modelos, posibles vulnerabilidades y capacidades. Un acceso poco común que permite al Estado observar (aunque no controlar) lo que ocurre bajo el capó.
También se estudia la posibilidad de compartir ciertos datos públicos, aunque no se han concretado qué conjuntos ni bajo qué condiciones. La frontera entre colaboración e integración total sigue siendo difusa.
Productividad, pero con letra pequeña
El gobierno calcula que la IA podría elevar la productividad británica en un 1,5 % anual y añadir 47 000 millones de libras a la economía en la próxima década. Pero no todos celebran. Diputados del Partido Laborista y de los Liberal Demócratas han advertido, según The Guardian y el Financial Times, del riesgo de que los ministerios se vuelvan dependientes de tecnologías externas —como los modelos de OpenAI— que el propio Estado no tiene capacidad técnica para auditar completamente.
La tensión no es nueva. En junio ya hubo críticas a “Humphrey” por falta de transparencia. Y la posible reforma del copyright para facilitar el entrenamiento de modelos —una medida valorada por el gobierno— ha generado oposición en sectores creativos, que ven en ella una cesión sin contrapartida.
Una vía británica para la IA
Frente al enfoque más restrictivo de la Unión Europea y el limbo regulador de Estados Unidos, Reino Unido opta por una alianza activa con el sector privado. Apuesta por atraer talento, ceder infraestructuras y ganar capacidad técnica. Una vía propia, con beneficios inmediatos.
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