En una resolución clave emitida el 2 de septiembre de 2025 en Washington D.C., el juez federal Amit Mehta determinó que Google podrá conservar sus productos estratégicos—el navegador Chrome y el sistema operativo Android—pero deberá implementar medidas correctivas que buscan fomentar la competencia en el sector de las búsquedas en línea. Esta decisión pone fin a un largo proceso judicial, iniciado en 2020 por el Departamento de Justicia de EE. UU., que acusaba a Alphabet de abuso de posición dominante en los mercados de búsqueda y publicidad digital.
El fallo de más de 230 páginas establece diversas obligaciones, entre ellas la prohibición de contratos de exclusividad para la distribución de servicios como Chrome, Google Search, Assistant o la inteligencia artificial Gemini. Además, Google deberá compartir datos de búsqueda con empresas rivales, una medida destinada a equilibrar el acceso a información indispensable para mejorar los productos competidores.
Este enfoque intermedio ha recibido tanto elogios como críticas. Para el Gobierno de EE. UU., la decisión representa un paso adelante, mientras que numerosos analistas y grupos contrarios al poder monopólico la califican de excesivamente moderada, alegando que permite a Google mantener gran parte de su influencia sin enfrentarse a cambios estructurales reales. Las acciones de Alphabet (Google) registraron un notable repunte: entre un 7,8 % y más de un 9 %, reflejo de la satisfacción del mercado con la preservación de activos clave.
El juez Mehta fundamentó su decisión en el entorno cambiante de la industria, en el que las tecnologías de inteligencia generativa como ChatGPT, Claude o Perplexity han emergido como competidores viables contra el dominio de Google Search. Aun así, el fallo advierte que la competencia no será inmediata: los rivales deberán desarrollar sus propias infraestructuras tecnológicas, más allá del acceso a los datos compartidos.
Google, por su parte, expresó su respaldo a la resolución, aunque mostró preocupación por el eventual impacto sobre la privacidad de los usuarios. La compañía también anunció que no descarta apelar, y diversas voces anticipan que el proceso legal podría prolongarse hasta 2027, especialmente en instancias de apelación.
En resumen, aunque el fallo evita una ruptura radical del poder de Google, lo enfrenta con concesiones regulatorias relevantes que podrían abrir una nueva etapa en la competencia digital, especialmente en un momento en el que la IA está redefiniendo las reglas del juego en los motores de búsqueda.
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