OpenAI ha pedido al gobierno de EE. UU. que extienda los beneficios fiscales contemplados en la CHIPS Act, originalmente diseñados para la fabricación de semiconductores, a otros elementos clave como servidores de IA, centros de datos y componentes de infraestructura energética. Lo que hasta ahora estaba reservado a la fabricación de semiconductores, la empresa quiere que también se aplique a servidores, centros de datos y componentes eléctricos esenciales para el despliegue de la inteligencia artificial. No se trata solo de impuestos. La carta enviada a la Casa Blanca revela una batalla menos visible, la del cemento, los gigavatios y los materiales estratégicos que sostienen el boom de la IA.
El crédito fiscal, tal como está
El incentivo actual, conocido como Advanced Manufacturing Investment Credit (AMIC), forma parte de la CHIPS Act y permite deducciones fiscales a quienes invierten en fábricas de chips en suelo estadounidense. Su lógica es reactivar la producción nacional para reducir la dependencia exterior.
OpenAI propone otra lectura. Según su planteamiento, el cuello de botella ya no está solo en los chips, sino en la infraestructura que permite aprovecharlos como servidores específicos para IA, instalaciones de refrigeración extrema, transformadores de alto voltaje o estaciones HVDC (corriente continua de alta tensión).
IA como industria estratégica
En la carta, la empresa plantea ampliar la definición de infraestructura crítica para incluir elementos clave del ecosistema de IA. Pide también facilitar los permisos ambientales para nuevos centros de datos y crear reservas estratégicas de materias primas como cobre, aluminio y tierras raras procesadas. Todo ello se enmarca en un objetivo más amplio, en escalar la IA al ritmo que exige el mercado. OpenAI prevé cerrar 2025 con ingresos anuales de 20.000 millones de dólares y aspira a multiplicarlos por diez hacia 2030. Para lograrlo, calcula que deberá invertir 1,4 billones en infraestructura a lo largo de esta década.
Datos, inversiones y urgencias
Los argumentos de OpenAI se sostienen en cifras de inversión y velocidad. La compañía no pide, según ha explicado, que el gobierno garantice sus centros de datos, pero sí considera esencial contar con incentivos fiscales que reduzcan el coste del capital y atraigan inversión privada. En su visión, la IA ya no es un software etéreo que flota en la nube: es una industria intensiva en recursos físicos, eléctricos y logísticos. Y ese cambio de escala exige nuevas respuestas desde las políticas públicas.
Tensión entre incentivo y privilegio
La propuesta abre varios frentes. El primero es legal: el Tesoro necesitaría una nueva interpretación del AMIC o una ampliación legislativa para incluir infraestructuras no manufactureras.
El segundo es político: aunque la IA es estratégica, su infraestructura genera menos empleo que la industria tradicional. ¿Qué tipo de reindustrialización se está impulsando si el resultado son naves casi vacías pero repletas de servidores?
Y el tercero es fiscal: al extender los beneficios, ¿se corre el riesgo de favorecer a una empresa en concreto? ¿Dónde trazar la línea entre política industrial y ayuda selectiva?
Cuando el modelo se traslada a otros países
La idea de ampliar incentivos a toda la cadena de IA no es exclusiva de Estados Unidos. En Europa, los fondos Next Generation han servido para financiar centros de datos y redes eléctricas, mientras que en China se han desplegado subsidios directos a fabricantes de GPU, materiales y energía.
El cambio de enfoque es global, la soberanía digital ya no se mide solo en chips, sino en la capacidad de conectar, alimentar y refrigerar los sistemas que los usan.
¿Qué se subsidia cuando se subsidia la IA?
La carta de OpenAI transforma una cuestión técnica en un debate estratégico. Los créditos fiscales ya no apuntan solo a lo que se produce, sino a cómo y dónde se puede desplegar.
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