El pasado 24 de junio de 2025, el presidente ruso Vladímir Putin promulgó una ley que autoriza la creación de una aplicación de mensajería estatal, integrada con servicios gubernamentales, y diseñada para competir con plataformas como WhatsApp y Telegram. La iniciativa forma parte de la creciente estrategia rusa de “soberanía digital”, impulsada aún más tras la retirada de múltiples empresas tecnológicas occidentales del país luego de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.
Según los legisladores rusos, esta nueva herramienta incluirá funcionalidades que difieren de las ofrecidas por Telegram y la aplicación de Meta, incorporando una integración profunda con los servicios estatales. Se plantea, por ejemplo, que los ciudadanos puedan acceder a firmas electrónicas oficiales, pasaportes digitales y servicios educativos desde una misma plataforma . El Ministerio de Desarrollo Digital liderará el desarrollo, con infraestructura completamente nacional y prevista para atender a más de medio millón de usuarios diarios.
La legislación había sido aprobada previamente en la Duma el 10 de junio, cuando los diputados respaldaron la propuesta que promueve una plataforma con mensajería, llamadas y vinculación directa con trámites estatales. A continuación, fue ratificado por el Consejo de la Federación y finalmente firmada por Putin, convirtiéndose oficialmente en ley el 24 de junio.
Los defensores de la medida argumentan que esta app fortalecerá la autonomía tecnológica rusa, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros y consolidando un ecosistema digital nacional robusto. En efecto, tras el éxodo de firmas occidentales post-invasión, la urgencia de desarrollar plataformas internas se intensificó.
Sin embargo, organizaciones de derechos digitales han manifestado su preocupación. Mikhail Klimarev, de la Internet Protection Society, advierte que el Estado podría restringir la velocidad de WhatsApp y Telegram para obligar a los usuarios a emigrar hacia la nueva app estatal. Además, en un entorno donde el Kremlin controla la infraestructura de Internet desde 2008 y censura plataformas bajo la ley Yarovaya, se teme que este nuevo canal profundice los mecanismos de vigilancia y reduzca aún más las libertades individuales.
Este paso representa un avance más en la evolución del «Runet» soberano, una internet autosuficiente controlada desde dentro. Los críticos temen que la integración de servicios estatales en una plataforma única facilite la recolección centralizada de datos y limite las opciones de la población. Aunque el gobierno promete innovaciones y seguridad, persiste la duda sobre el nivel real de privacidad que los usuarios podrán mantener.
El proyecto aún no cuenta con un nombre oficial ni calendario de lanzamiento, pero se sabe que será desarrollado por el Ministerio y plataformas estatales como VK, empresa que ejerció un papel clave tras la salida de compañías como Meta, aunque su filial VK Video registró pérdidas millonarias en 2024. El rumbo queda claro: consolidar un entorno digital autóctono con control estatal, un modelo inspirado en grandes potencias que priorizan la «seguridad nacional» sobre la privacidad individual.
En resumen, Rusia da un paso firme hacia un ecosistema digital estatalizado, con beneficios en términos de soberanía, pero con riesgos evidentes para la privacidad y las libertades tecnológicas de sus ciudadanos.
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