El Govern ya no presenta los centros de datos como una infraestructura técnica secundaria, sino como una pieza de soberanía tecnológica, inversión industrial y poder económico en la nueva era de la inteligencia artificial.
Catalunya ha decidido situar los centros de datos en el centro de su estrategia económica y tecnológica. No como un asunto periférico reservado a ingenieros, operadores de red o fondos de infraestructuras, sino como una cuestión de país. Ese es el sentido político de la nueva ofensiva del Govern: articular de nuevo la mesa institucional que reúne a administración, sector privado y mundo local para acelerar proyectos estratégicos y convertir el territorio en un nodo relevante del mapa europeo de la computación. La tesis de fondo es clara: en una economía cada vez más gobernada por la nube, el procesamiento masivo de información y la inteligencia artificial, disponer de capacidad propia para almacenar, mover y procesar datos ya no es un lujo; es una condición de competitividad.
El movimiento no nace de cero. En marzo de 2025 el Govern aprobó formalmente una estrategia para atraer centros de datos con el objetivo de que Catalunya se convierta en “el port digital de la Mediterrània” y en un polo de infraestructuras digitales de referencia en el sur de Europa. Aquella hoja de ruta vinculaba explícitamente el desarrollo de estas instalaciones con tres ideas que hoy vuelven con más fuerza: crecimiento económico, desarrollo de nuevas capacidades industriales y soberanía tecnológica. La nota oficial subrayaba además que el auge de la inteligencia artificial y del uso intensivo de servicios digitales está disparando las necesidades de almacenamiento y procesamiento, y que el país necesita infraestructuras adecuadas e interconectadas para responder a esa demanda.
Lo relevante ahora es que el discurso ha pasado de la estrategia general a la identificación concreta de oportunidades. En la nueva actualización presentada por el Govern, se habla ya de 26 proyectos potenciales de centros de datos y del establecimiento de siete polos de implantación en Catalunya, un dato que muestra que la fase de planificación empieza a traducirse en cartografía industrial real. Aunque la información disponible públicamente en el buscador no detalla todos esos emplazamientos, sí confirma que el Ejecutivo catalán ha entrado en una fase más ejecutiva, orientada a ordenar territorialmente la expansión del sector y a coordinar la tramitación con una visión interdepartamental. Esa transición es importante: significa que el relato institucional deja de apoyarse solo en la ambición y empieza a construirse sobre una selección de proyectos, suelos, corredores de conectividad y condiciones energéticas.
Esa dimensión territorial no es menor. Los centros de datos son infraestructuras intensivas en energía, conectividad y suelo, y su despliegue suele provocar tensiones entre promesa económica y coste local. Por eso el Govern ha querido encuadrarlos dentro de una mesa que incluya también al mundo municipal, una señal de que entiende que la batalla no se juega solo en despachos de Barcelona ni en ferias tecnológicas, sino también en ayuntamientos, planeamiento urbanístico, acceso a nodos eléctricos y aceptación social. La estrategia aprobada por el Consell Executiu ya preveía que determinados proyectos pudieran ser declarados estratégicos, con canal preferente de tramitación, y que incluso se pudiera reconocer un interés general superior cuando encajaran en el marco definido por la Generalitat. Es decir, la administración catalana se reserva instrumentos para acelerar la implantación de estas infraestructuras si las considera alineadas con sus objetivos de país.
El listado de requisitos fijado por el Govern revela con bastante precisión qué tipo de centros de datos quiere atraer. No basta con construir una nave llena de servidores. Los proyectos estratégicos deberán ubicarse en polos territoriales definidos, contemplar el impacto ambiental, contar con una potencia mínima de 20 MW, crear empleo de calidad, generar un impacto económico local significativo y, sobre todo, incorporar actividades consideradas de interés estratégico para Catalunya, como el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, la optimización de procesos o la inferencia en tiempo real. También deberán colaborar con universidades, centros de investigación y el ecosistema innovador, y ajustarse al Código de Conducta de la Unión Europea para centros de datos. Este punto es decisivo porque introduce una idea de política industrial avanzada: no se trata solo de atraer ladrillo digital, sino de atraer capacidad computacional vinculada a conocimiento, talento y cadena de valor local.
Aquí aparece la segunda gran capa del debate: la relación entre centros de datos e inteligencia artificial. En demasiadas ocasiones la conversación pública trata la IA como si fuera únicamente una capa de software, una colección de modelos o asistentes conversacionales. Pero la IA depende de una infraestructura física costosa, intensiva en capital y altamente concentrada: chips, energía, redes, supercomputación y centros de datos. El paso que está dando Catalunya parte precisamente de esa constatación. Si Europa quiere tener margen frente a la hegemonía de las grandes plataformas estadounidenses y frente al empuje asiático, necesita no solo regulación y talento, sino también músculo infraestructural. Y si Catalunya aspira a jugar un papel relevante dentro de ese tablero, necesita convertirse en un territorio capaz de alojar, conectar y alimentar esa nueva capa física de la economía digital.
La estrategia catalana encuentra además una base objetiva en la evolución reciente del ecosistema tecnológico local. Según el informe de ACCIÓ sobre inteligencia artificial en Catalunya, el territorio contaba con 140 hubs tecnológicos, de los cuales el 87% están enfocados en IA, además de 29 centros tecnológicos y de investigación destacados, y una posición relevante en financiación europea ligada a esta tecnología. Por su parte, la nueva Estrategia Catalunya IA 2030 sostiene que el país ha construido durante los últimos años una arquitectura institucional propia alrededor de la inteligencia artificial, con instrumentos como AIRA, CIDAI, la Digital Catalonia Alliance y el Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial, así como programas de transferencia y adopción tecnológica en pymes y administraciones. Dicho de otro modo: el ecosistema no parte de la nada; la novedad es que ahora quiere blindar la capa de infraestructura que puede sostener su crecimiento.
A esa fortaleza de ecosistema se suma otro indicador político que el Govern utiliza como argumento de confianza. En la presentación del informe sobre el estado de la Década Digital, elaborada junto al Cercle Tecnològic, la Generalitat destacó que Catalunya supera la media europea en el 87,5% de los indicadores medidos. La administración catalana aparece especialmente bien situada en infraestructuras digitales y en digitalización de servicios públicos, aunque todavía arrastra deberes en la adopción avanzada de tecnologías por parte de las empresas. El propio informe detalla que el 80% de las pymes catalanas ya dispone de al menos un nivel básico de intensidad digital, y que en 2022 el 11,8% de las empresas utilizaba IA y el 15,9% macrodatos para análisis interno. En servicios públicos digitales, la puntuación de Catalunya alcanza 92 sobre 100 para ciudadanía y 97 sobre 100 para empresas. Son cifras que no bastan para ganar la carrera europea, pero sí construyen una narrativa de territorio preparado para escalar.
Ahora bien, el despliegue de centros de datos no es una historia lineal de progreso incontestable. Requiere energía abundante, seguridad jurídica, agua en algunos sistemas de refrigeración, capacidad de red, conectividad internacional y una gobernanza pública suficientemente robusta como para evitar que la urgencia inversora se convierta en simple desregulación. La propia estrategia del Govern reconoce esa dependencia al señalar que el acceso a fuentes de energía es un factor clave y al plantear el impulso de corredores marítimo-terrestres, estaciones de aterrizaje de cables submarinos y un análisis de la situación de los nudos de conexión eléctrica y de las infraestructuras de media y alta tensión. En otras palabras, Catalunya quiere ser un polo de datos, pero para lograrlo debe ordenar una ecuación compleja donde convergen urbanismo, red eléctrica, telecomunicaciones, industria y política ambiental.
Ese es, probablemente, el punto más interesante de la iniciativa: convierte los centros de datos en una política de ordenación económica del territorio. La promesa es ambiciosa. Si sale bien, Catalunya no solo podría captar inversión multimillonaria en infraestructuras, sino también reforzar su posición como espacio donde se cruzan investigación, empresa, servicios digitales, semiconductores, supercomputación y aplicaciones de inteligencia artificial. Ya hay señales en esa dirección. La Generalitat ha vinculado durante los últimos meses su agenda digital con proyectos de chips europeos, con iniciativas de IA pública como ALIA y con la voluntad de consolidar una posición propia en soberanía tecnológica. Visto en conjunto, el mensaje es inequívoco: el Govern quiere que la digitalización deje de entenderse como modernización administrativa y pase a ser reconocida como una política industrial de primer nivel.
La pregunta de fondo es si Catalunya podrá traducir esta ambición en ventaja real frente a otros territorios europeos que compiten con una agresividad creciente por atraer capacidad computacional. Madrid, Aragón, Marsella, Lisboa, Irlanda, los países nórdicos o Frankfurt no esperan. Todos ofrecen combinaciones distintas de energía, fiscalidad, interconexión, suelo o cercanía a grandes mercados. Para destacar en ese escenario no bastará con proclamar liderazgo. Hará falta velocidad administrativa, seguridad regulatoria, consenso territorial y una propuesta de valor que combine conectividad, talento, investigación y estabilidad institucional. El Govern parece haber entendido que la ventana de oportunidad existe, pero también que no será eterna. En la economía de la inteligencia artificial, llegar un poco tarde puede equivaler a quedar relegado a consumidor de tecnología ajena.
Por eso esta nueva fase tiene un significado que va más allá de la política sectorial. Catalunya está tratando de responder a una cuestión estratégica: quién controlará la infraestructura donde se entrenarán, ejecutarán y escalarán los sistemas que definirán la próxima década económica. El debate sobre la soberanía tecnológica, a menudo tratado en abstracto, aquí adopta una forma tangible: centros de datos, potencia eléctrica, cables, tramitación, suelo, talento y capacidad de cómputo. En esa combinación se jugará una parte importante del futuro digital europeo. Y Catalunya quiere estar en esa partida no como observadora, sino como territorio anfitrión, operador de capacidad y socio industrial. El paso dado es relevante. La magnitud del reto, todavía mayor.
