La inversión pública de 115,7 millones de euros en Openchip sitúa a España en una de las batallas industriales más críticas de la inteligencia artificial: diseñar chips de alto rendimiento, más eficientes y basados en arquitectura abierta para reducir la dependencia europea de proveedores extranjeros.
España ha decidido colocar una ficha de peso en uno de los tableros más estratégicos de la economía tecnológica global: el diseño de chips para inteligencia artificial y supercomputación. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a invertir, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), 115.768.421,05 euros en Openchip & Software Technologies S.L., una empresa especializada en el diseño y comercialización de semiconductores de alto rendimiento y mayor eficiencia energética. La operación no es una simple ayuda pública a una compañía emergente. Es una apuesta de Estado por participar en la cadena de valor de una industria que se ha convertido en el verdadero cuello de botella de la inteligencia artificial.
La información oficial facilitada por el Gobierno español presenta la inversión como una forma de reforzar la autonomía estratégica europea en tecnologías clave, ampliar la presencia española y europea en la microelectrónica e impulsar empleo altamente cualificado en el diseño de semiconductores. La noticia ha sido recogida también por medios económicos como Cinco Días, que ha señalado que la inversión podría otorgar al Estado una participación de hasta el 16,5% en Openchip, dependiendo del cierre final de la ronda de financiación.
La operación llega en un momento en que los chips han dejado de ser un componente invisible de la economía digital para convertirse en una cuestión de seguridad nacional, soberanía tecnológica y poder industrial. La inteligencia artificial generativa, la supercomputación, los centros de datos, la ciberseguridad, la defensa, la automoción y la computación científica dependen cada vez más de procesadores especializados capaces de ejecutar enormes cargas de trabajo con el menor consumo energético posible. En este contexto, no basta con tener buenas aplicaciones de IA, buenos investigadores o buenos centros de datos. Quien no controla el diseño de chips queda atrapado en una dependencia estructural de proveedores externos.
Openchip fue fundada en 2021 como una iniciativa entre el grupo catalán de ingeniería GTD y el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). La compañía se ha especializado en soluciones de sistema en chip, conocidas como SoC, basadas en la arquitectura abierta RISC-V y orientadas a computación de altas prestaciones e inteligencia artificial. Su propia descripción corporativa la define como una empresa europea de semiconductores centrada en soluciones energéticamente eficientes basadas en RISC-V para HPC e IA.
La elección de RISC-V es uno de los elementos más relevantes del proyecto. Frente a arquitecturas propietarias dominadas por grandes actores internacionales, RISC-V ofrece un conjunto de instrucciones abierto que permite diseñar procesadores sin depender de licencias cerradas. Para Europa, esta diferencia es estratégica. La autonomía tecnológica no consiste únicamente en fabricar chips dentro del continente, sino también en disponer de arquitecturas, propiedad intelectual, herramientas de diseño, talento y capacidad de personalización. RISC-V permite avanzar hacia una cadena de valor más abierta, flexible y menos condicionada por proveedores dominantes.
El interés europeo por RISC-V no es nuevo, pero se ha acelerado por la presión de la inteligencia artificial. La EuroHPC Joint Undertaking ha destacado que RISC-V puede contribuir a desarrollar tecnologías soberanas de supercomputación, favoreciendo un ecosistema europeo más autónomo y con soluciones más eficientes energéticamente.
La inversión en Openchip debe entenderse dentro de esa lógica. España no aspira, al menos en esta fase, a competir directamente con gigantes como Nvidia, AMD, Intel o TSMC en todos los eslabones de la cadena. La apuesta se concentra en una parte concreta pero crítica: el diseño de chips. Openchip opera bajo un modelo fabless, es decir, diseña los semiconductores pero no los fabrica físicamente en plantas propias. La producción se externaliza a fundiciones especializadas, mientras la compañía concentra su valor en la arquitectura, la propiedad intelectual, el diseño lógico, el software asociado y la integración de soluciones para cargas de trabajo de alto rendimiento.
Este modelo tiene sentido en una industria donde construir una fábrica de semiconductores de última generación requiere inversiones de decenas de miles de millones de euros. El diseño, en cambio, permite capturar una parte de alto valor añadido sin asumir todos los costes industriales, energéticos y medioambientales de la fabricación. Empresas como Nvidia han demostrado durante años que el modelo fabless puede ser extraordinariamente rentable si se dispone de una arquitectura diferencial y una buena posición en el mercado. Openchip intenta trasladar esa lógica a un ámbito donde Europa busca margen propio: chips abiertos, eficientes y adaptados a supercomputación e inteligencia artificial.
La eficiencia energética es otro punto central. La IA generativa está disparando el consumo eléctrico de los centros de datos y multiplicando la demanda de hardware especializado. Los modelos de lenguaje, los sistemas multimodales, los agentes inteligentes y la computación científica avanzada requieren procesadores capaces de ofrecer más rendimiento por vatio. Este indicador será cada vez más importante. La competencia ya no se medirá solo por la potencia bruta, sino por la capacidad de ejecutar cargas complejas con menor consumo, menor calor, menor coste operativo y menor impacto ambiental.
En ese terreno, Openchip quiere diferenciarse. Sus unidades de procesamiento basadas en RISC-V prometen una eficiencia energética superior a otras soluciones, lo que podría reducir el consumo de los centros de datos que las utilicen. Este punto es crucial para la economía de la IA. A medida que los centros de datos crecen, la energía se convierte en uno de los principales límites físicos del sector. No basta con comprar más chips. Hay que alimentarlos, refrigerarlos y operarlos a escala. Cualquier mejora en eficiencia puede traducirse en millones de euros de ahorro y en una reducción significativa de la presión sobre las redes eléctricas.
La conexión con el Barcelona Supercomputing Center añade otra capa de importancia. El BSC es una de las instituciones científicas más relevantes de Europa en supercomputación y lidera o participa en múltiples iniciativas vinculadas a HPC, IA y arquitecturas abiertas. Su implicación en el nacimiento de Openchip sitúa el proyecto en la intersección entre investigación pública, transferencia tecnológica e industria. Ese triángulo es precisamente el que Europa intenta reforzar para no quedarse atrapada entre el liderazgo estadounidense en diseño y software y el liderazgo asiático en fabricación.
Openchip también ha explorado colaboraciones con actores internacionales de primer nivel. En 2024, la compañía, NEC y el Barcelona Supercomputing Center anunciaron conversaciones para desarrollar la próxima generación de supercomputadores basados en RISC-V. La compañía subrayó entonces que esta arquitectura podía responder a las necesidades exigentes de la IA y la supercomputación, además de facilitar una cadena de valor más flexible y abierta.
La inversión de la SETT llega, por tanto, en un momento de consolidación industrial. Openchip cuenta ya con una plantilla de unos 300 empleados, según la información facilitada por el Gobierno y recogida por distintos medios. Se trata de empleo altamente cualificado, precisamente uno de los objetivos declarados de la operación. España ha tenido durante años talento científico y técnico en microelectrónica, supercomputación y arquitectura de computadores, pero ha sufrido dificultades para convertir ese conocimiento en empresas escalables con presencia internacional. Openchip representa un intento de cerrar esa brecha.
La operación se canaliza a través de la facilidad Next Tech, financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta herramienta está diseñada para apoyar startups y scale-ups de tecnologías profundas, especialmente aquellas con capacidad de generar propiedad intelectual, empleo cualificado y autonomía tecnológica. La SETT gestiona además otras facilidades relevantes, como el PERTE Chip, centrado en microelectrónica y semiconductores, y Spain Audiovisual Hub, orientado a la digitalización del sector audiovisual.
La SETT se ha convertido en una de las herramientas principales del Estado para intervenir en sectores tecnológicos considerados estratégicos. A veces se la describe como una especie de “SEPI digital”, porque permite al Gobierno entrar en el capital de empresas tecnológicas mediante inversiones públicas con vocación industrial. En el caso de Openchip, la inversión no solo aporta financiación. También envía una señal política: el diseño de semiconductores para IA y supercomputación se considera una prioridad nacional y europea.
El contexto europeo explica la urgencia. La Unión Europea ha pasado años intentando reducir su dependencia de cadenas de suministro externas en semiconductores. La pandemia, las tensiones entre Estados Unidos y China, la guerra tecnológica por los chips avanzados y la explosión de la IA han evidenciado la fragilidad del continente. Europa conserva fortalezas en investigación, maquinaria, sensores, automoción, industria y ciertos nichos de semiconductores, pero no lidera la fabricación de chips de vanguardia ni domina el mercado de aceleradores para IA. Sin capacidades propias, la soberanía digital queda incompleta.
El PERTE Chip nació precisamente para responder a esa debilidad. España ha intentado posicionarse como un actor relevante dentro de la estrategia europea de semiconductores, aprovechando el BSC, la red de universidades, centros de investigación, empresas de ingeniería y una base industrial que puede crecer si recibe financiación suficiente. La inversión en Openchip se suma a otras operaciones públicas recientes en microelectrónica, fotónica, materiales alternativos y tecnologías relacionadas con IA. El objetivo es construir un ecosistema, no financiar una empresa aislada.
El reto es enorme. Diseñar chips competitivos para IA y supercomputación exige talento muy especializado, herramientas de diseño electrónico, validación, propiedad intelectual, acuerdos con foundries, software de bajo nivel, compiladores, ecosistemas de desarrolladores y clientes capaces de adoptar esas soluciones. No basta con tener un buen diseño técnico. El mercado de semiconductores es extremadamente exigente, dominado por economías de escala, ciclos largos, dependencia de fabricación externa y una competencia feroz de gigantes globales.
Por eso la apuesta por RISC-V tiene sentido estratégico. En lugar de intentar replicar desde cero arquitecturas propietarias consolidadas, Openchip se apoya en un estándar abierto con una comunidad global en crecimiento. Esto permite personalización, colaboración y reducción de costes de licencia. También facilita que universidades, centros de investigación y empresas puedan contribuir al ecosistema. La apertura no garantiza éxito comercial, pero reduce barreras y permite construir soluciones específicas para cargas de trabajo concretas.
La relación entre IA y supercomputación es otro eje fundamental. Durante años, la supercomputación estuvo asociada principalmente a simulaciones científicas, predicción climática, física, química, ingeniería o investigación biomédica. La IA ha cambiado ese mapa. Los grandes modelos requieren capacidades de cálculo propias de supercomputadores, y los supercomputadores incorporan cada vez más aceleradores para IA. La frontera entre HPC e inteligencia artificial se está difuminando. Chips diseñados para ese cruce pueden tener aplicaciones en investigación científica, industria, defensa, salud, energía, automatización y centros de datos.
España cuenta con un activo importante en este terreno: el ecosistema del BSC y el supercomputador MareNostrum. La capacidad de conectar investigación, hardware, software y necesidades científicas reales puede ser una ventaja si se traduce en productos. Openchip se sitúa precisamente en ese punto. Su reto será convertir el conocimiento acumulado en soluciones comercializables, escalables y competitivas frente a alternativas internacionales.
La entrada de capital público plantea también preguntas. La inversión estatal puede acelerar el crecimiento, atraer coinversión privada y asegurar que la empresa mantenga arraigo territorial. Pero también exige gobernanza, transparencia y objetivos claros. Si el Estado entra en el capital de una empresa de semiconductores, deberá equilibrar ambición industrial, disciplina financiera y protección del interés público. La participación no puede limitarse a una inyección de fondos; debe acompañarse de una estrategia de mercado, alianzas internacionales y métricas de impacto.
La operación tiene además una dimensión territorial. Openchip nació en Cataluña, vinculada a GTD y al BSC, y forma parte de un ecosistema tecnológico donde Barcelona ha ido ganando peso en supercomputación, diseño de chips, IA, startups deep tech y transferencia científica. La inversión estatal, junto con apoyos autonómicos, puede consolidar un polo de microelectrónica con capacidad europea. Para España, este tipo de proyectos son importantes porque permiten competir en segmentos de alto valor añadido, más allá de servicios digitales o adopción de tecnologías desarrolladas fuera.
La presencia pública en el accionariado puede convertirse también en un mecanismo para evitar deslocalizaciones o pérdidas de propiedad intelectual estratégica. En industrias críticas, muchos gobiernos están revisando su relación con empresas tecnológicas. Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Alemania, Francia o Países Bajos intervienen de distintas formas para proteger capacidades industriales. España no puede actuar como si el mercado tecnológico fuera neutral cuando los demás países utilizan política industrial de manera activa.
La clave será si Openchip logra convertirse en una empresa global y no solo en un proyecto protegido por financiación pública. El dinero permite contratar talento, desarrollar producto y validar tecnología, pero el éxito dependerá de clientes reales. Centros de supercomputación, operadores de centros de datos, empresas de IA, instituciones científicas, fabricantes de sistemas y proveedores industriales deberán ver valor en sus soluciones. La eficiencia energética, la apertura RISC-V y la capacidad de personalización pueden ser ventajas, pero deberán demostrarse en producción.
La competencia será dura. Nvidia domina el mercado de aceleradores para IA con una combinación de hardware, software, ecosistema CUDA, bibliotecas, desarrolladores y disponibilidad comercial. AMD, Intel, Google, Amazon, Microsoft, Meta y múltiples startups intentan abrir espacios. En Europa, empresas como SiPearl, Axelera AI, Codasip, Semidynamics, Tenstorrent Europe o Mistral en la capa de modelos forman parte de un ecosistema emergente, pero todavía fragmentado. Openchip tendrá que encontrar un nicho claro y una propuesta suficientemente diferencial.
Una de sus posibles ventajas es la especialización en HPC e IA desde una perspectiva europea. Muchos clientes públicos o estratégicos no buscan necesariamente el chip más potente del mercado a cualquier precio, sino soluciones controlables, eficientes, auditables y alineadas con requisitos de soberanía. En supercomputación pública, defensa, ciencia o infraestructuras críticas, estos factores pueden pesar tanto como el rendimiento absoluto. Ahí Openchip puede encontrar un espacio si logra combinar tecnología abierta, eficiencia y garantías europeas.
El debate sobre soberanía tecnológica suele quedarse en grandes declaraciones, pero se concreta en decisiones como esta. ¿Quién diseña los chips? ¿Dónde se desarrolla la propiedad intelectual? ¿Quién controla la arquitectura? ¿Qué dependencia existe de proveedores extranjeros? ¿Qué capacidad tiene Europa para adaptar la tecnología a sus necesidades? ¿Qué empleo cualificado se genera? La inversión en Openchip responde a esas preguntas desde un ángulo específico: construir capacidad propia en diseño de semiconductores para las cargas de trabajo que definirán la próxima década.
La IA ha convertido los chips en la nueva infraestructura crítica de la economía digital. Los modelos más avanzados necesitan cantidades crecientes de cálculo y energía. Los países que dependan completamente de chips diseñados, fabricados o controlados por terceros tendrán menos margen de maniobra. La autonomía absoluta es irrealista, pero la dependencia total es peligrosa. La estrategia razonable pasa por elegir áreas donde desarrollar capacidades propias, integrarlas en ecosistemas europeos y conectarlas con mercados globales. Openchip puede ser una de esas apuestas.
La decisión del Gobierno español no garantiza el éxito, pero marca una dirección. España no quiere limitarse a ser consumidora de IA, ni usuaria de centros de datos, ni compradora de procesadores extranjeros. Quiere participar en el diseño de la infraestructura que hará posible la próxima generación de inteligencia artificial y supercomputación. Esa ambición exige tiempo, inversión, talento y continuidad política. También exige aceptar que la soberanía tecnológica no se improvisa: se construye con empresas, laboratorios, estándares abiertos, capital paciente y clientes exigentes.
La inversión de 115,7 millones en Openchip es, por tanto, una operación industrial y una declaración estratégica. Sitúa a España en el debate europeo sobre chips abiertos, eficiencia energética y supercomputación soberana. Refuerza el papel del BSC como motor de transferencia tecnológica. Apuesta por RISC-V como alternativa abierta en una industria dominada por arquitecturas cerradas. Y reconoce que la próxima gran batalla de la IA no se decidirá solo en los modelos, sino también en los procesadores que los ejecutan.
El reto empieza ahora. Openchip deberá convertir financiación pública en producto, producto en clientes, clientes en escala y escala en relevancia internacional. Si lo consigue, España habrá dado un paso real hacia una posición más sólida en la microelectrónica europea. Si no, la operación quedará como una apuesta ambiciosa en una industria donde el capital, por sí solo, no basta. En cualquier caso, el mensaje es claro: la IA necesita chips, los chips necesitan diseño, y España quiere estar dentro de esa cadena de valor antes de que sea demasiado tarde.
