El proyecto Stratos, aprobado en el condado de Box Elder, ocuparía más de 40.000 acres, más del doble que Manhattan, y podría consumir 78,8 TWh al año: cerca del 30% de toda la demanda eléctrica anual de España.
La inteligencia artificial generativa empieza a mostrar su cara más material: tierra, agua, gas, calor, ruido, líneas eléctricas y comunidades locales que ya no aceptan convertirse en el patio trasero de la nueva economía digital. El último epicentro de esa resistencia está en Utah, donde el condado de Box Elder ha aprobado el proyecto Stratos, un gigantesco campus de centros de datos vinculado a la IA que ocuparía más de 40.000 acres, más del doble de la superficie de Manhattan, y que ha desatado una fuerte reacción ciudadana y ecologista.
La magnitud del proyecto explica la alarma. Según The Guardian, Stratos podría requerir hasta 9 gigavatios de potencia eléctrica, más de lo que consume actualmente todo el estado de Utah, además de una enorme cantidad de agua en una zona golpeada por la sequía y próxima al Gran Lago Salado, uno de los ecosistemas más amenazados del oeste estadounidense.
La cifra de 9 gigavatios resulta difícil de asimilar si no se traduce a consumo anual. Si esa potencia funcionara de forma continua durante todo el año, supondría 9 GW multiplicados por 24 horas y por 365 días: 78,8 teravatios hora anuales. Es una cantidad equivalente a casi el 30% de la demanda eléctrica anual de España, situada en torno a 256 TWh en 2025 según datos de Red Eléctrica recogidos en balances del sistema eléctrico.
Ese es el verdadero escándalo energético de la IA: una sola instalación, diseñada para alimentar cómputo masivo, podría acercarse al consumo de países enteros. No hablamos de una fábrica más, ni de un polígono tecnológico convencional, sino de una infraestructura capaz de absorber una fracción gigantesca de recursos eléctricos para sostener modelos generativos, entrenamiento, inferencia, almacenamiento y servicios digitales cada vez más intensivos.
La aprobación del proyecto ha generado una reacción inmediata. Vecinos y organizaciones ambientales han presentado miles de objeciones y promueven un referéndum para intentar revertir la decisión local. The Guardian recoge cerca de 4.000 protestas, mientras que otras coberturas hablan de una movilización creciente contra una instalación que muchos residentes consideran impuesta desde fuera por intereses tecnológicos y financieros.
El proyecto está asociado al empresario e inversor Kevin O’Leary, conocido por su papel en Shark Tank, y se presenta como una apuesta por la competitividad estadounidense en IA. Sus defensores prometen empleo, inversión, infraestructura y liderazgo tecnológico. Pero los críticos responden que el precio lo pagarán las comunidades locales: más presión sobre el agua, más demanda eléctrica, más contaminación, más calor residual y una mayor dependencia de centrales de gas para alimentar la nube de la IA.
El agua es uno de los puntos más sensibles. Utah vive en un contexto de estrés hídrico, y el Gran Lago Salado lleva años en retroceso, con impactos sobre biodiversidad, calidad del aire y salud pública. Los opositores temen que una instalación de esta escala agrave la extracción de recursos hídricos en una región ya tensionada. Aunque los promotores han retirado temporalmente una solicitud de desvío de agua, prevén volver a presentarla, lo que obliga a los opositores a reiniciar procedimientos y asumir costes administrativos.
El problema no se limita al agua líquida. Los centros de datos también expulsan calor. Un complejo de esta potencia no solo consume electricidad: la transforma en energía térmica que debe disiparse. Informaciones técnicas y divulgativas han señalado que el proyecto podría generar una carga térmica enorme en un valle desértico, con riesgos de efecto isla de calor, ruido, contaminación y deterioro ambiental.
La otra gran cuestión es quién pagará la infraestructura eléctrica. Los promotores sostienen que el desarrollo será gradual y que no debería encarecer la factura de los hogares. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha afirmado que el proyecto deberá desplegarse por fases y no debe dañar el Gran Lago Salado ni aumentar los recibos eléctricos. Pero la experiencia de otros territorios estadounidenses alimenta el escepticismo: cuando los centros de datos se concentran, la red necesita refuerzos, nuevas líneas, generación adicional y costes que a menudo acaban repercutiendo sobre usuarios residenciales o pequeñas empresas.
La frase recogida por elDiario.es condensa el malestar: “En este país es más fácil abrir un centro de datos de la IA del tamaño de Manhattan que abrir una cafetería”. La exageración funciona porque toca una contradicción real. Muchas actividades locales pequeñas enfrentan permisos, inspecciones y controles exigentes, mientras megaproyectos tecnológicos con impacto territorial gigantesco logran aprobaciones rápidas bajo el argumento de la competitividad, el empleo y la seguridad nacional.
El caso de Utah refleja una nueva fase del conflicto tecnológico. Durante años, la nube se presentó como una infraestructura abstracta, casi limpia, sin fricción física. La IA generativa rompe esa ilusión. Cada respuesta de un modelo, cada imagen generada, cada vídeo sintético y cada entrenamiento multimillonario necesita chips, servidores, refrigeración, electricidad, agua, suelo y redes. La nube no está en el cielo: está en valles, desiertos, ríos, granjas, subestaciones y comunidades que empiezan a preguntarse por qué deben cargar con el coste.
El proyecto Stratos también evidencia la desproporción entre beneficio global y sacrificio local. Los servicios de IA pueden venderse en todo el mundo, enriquecer a tecnológicas y fondos de inversión, aumentar valoraciones bursátiles y alimentar productos digitales de consumo masivo. Pero la infraestructura queda anclada en lugares concretos. El agua se extrae de una cuenca concreta. El ruido lo soportan vecinos concretos. El calor queda en un valle concreto. La contaminación se respira en una región concreta.
Esa asimetría está alimentando una nueva resistencia ciudadana en Estados Unidos. En Virginia, Maryland, Oregón, Georgia, Arizona o Utah, los centros de datos han pasado de ser símbolos de modernidad a convertirse en focos de conflicto por tarifas eléctricas, uso del agua, ocupación de suelo, ruido, emisiones y falta de transparencia. elDiario.es describe esta oposición como una lucha creciente contra “tecnoligarcas” que controlan datos, privacidad, tierra, agua y energía.
La IA generativa acelera esa tensión porque su demanda energética es mucho más agresiva que la de muchos servicios digitales anteriores. Un centro de datos convencional ya consumía mucho. Pero entrenar y servir modelos de gran escala añade una presión nueva: chips especializados funcionando de forma intensiva, ciclos de refrigeración más exigentes, crecimiento explosivo de inferencia y competencia entre empresas para construir más capacidad antes que sus rivales.
El debate, por tanto, no es si la IA debe existir o no. Es bajo qué condiciones materiales puede desplegarse. Una sociedad puede aceptar infraestructuras intensivas si hay beneficios públicos claros, controles ambientales estrictos, transparencia, reparto justo de costes, protección hídrica y planificación energética. Lo que genera rechazo es la sensación de que la carrera por la IA se decide entre grandes empresas y autoridades locales, mientras las comunidades reciben tarde la información y temprano las consecuencias.
Stratos es especialmente polémico por su escala. Más de 40.000 acres equivalen a más de 160 kilómetros cuadrados. Compararlo con Manhattan ayuda a imaginarlo, pero también puede quedarse corto: el problema no es solo la superficie, sino la combinación de suelo, energía y agua en una zona vulnerable. La lógica industrial que antes se aplicaba a fábricas, minas o refinerías se traslada ahora a la infraestructura digital.
El uso de gas natural es otro punto delicado. Para asegurar suministro, algunos megaproyectos de centros de datos plantean generación propia o acuerdos energéticos que pueden reforzar combustibles fósiles justo cuando las economías intentan descarbonizarse. Si una instalación de IA necesita centrales de gas para garantizar su funcionamiento, la promesa de una tecnología futurista se apoya en una infraestructura energética del pasado.
Esta contradicción es cada vez más visible. Las grandes tecnológicas anuncian compromisos climáticos, compras de renovables y objetivos de neutralidad de carbono, pero el crecimiento de la IA presiona redes eléctricas a un ritmo que las renovables no siempre pueden absorber. El resultado puede ser una prolongación de gas, carbón o nuclear, o una competencia feroz por electricidad limpia que encarezca el acceso para otros usos.
La comparación con España es útil porque sitúa el debate fuera de la abstracción estadounidense. España consumió alrededor de 256 TWh de electricidad en 2025. Un proyecto de 9 GW funcionando todo el año absorbería 78,8 TWh, cerca de un tercio de esa demanda nacional. Dicho de otra manera: una instalación privada de IA podría necesitar una energía anual comparable al consumo eléctrico de países medianos o de regiones enteras.
La pregunta política es inevitable: ¿qué actividades merecen prioridad energética? En un mundo de transición climática, electrificación del transporte, bombas de calor, industria verde, desalación, redes ferroviarias, hospitales, hogares y adaptación al calor extremo, destinar cantidades colosales de electricidad a centros de datos de IA exige justificación pública. No basta con decir que la IA es el futuro. Hay que explicar para qué IA, para quién, con qué coste y con qué retorno social.
El discurso empresarial suele responder con competitividad. Estados Unidos no puede quedarse atrás frente a China. La IA necesita infraestructura nacional. Los centros de datos son estratégicos. Todo eso puede ser cierto. Pero la seguridad nacional no debería convertirse en carta blanca para saltarse debates ambientales y democráticos. Una infraestructura estratégica también debe ser planificada con más cuidado, no con menos.
La escala de Stratos plantea además dudas sobre empleo. Los centros de datos generan puestos de trabajo durante la construcción, pero una vez operativos suelen requerir plantillas relativamente reducidas en comparación con su tamaño físico y su consumo energético. Los beneficios locales pueden ser menores de lo que sugieren los titulares de inversión, mientras los impactos sobre recursos y paisaje permanecen durante décadas.
Los defensores del proyecto argumentan que traerá ingresos fiscales, inversión y oportunidades. Los detractores responden que ninguna comunidad debería aceptar a ciegas un proyecto que podría consumir más electricidad que todo Utah, afectar recursos hídricos y reforzar infraestructura fósil. El debate no es desarrollo contra inmovilismo. Es desarrollo con límites frente a desarrollo extractivo.
La reacción ciudadana muestra que el consentimiento territorial se está convirtiendo en un factor clave para la IA. Hasta ahora, el debate sobre inteligencia artificial se centraba en empleo, derechos de autor, sesgos, privacidad, desinformación o seguridad. Stratos añade otro eje: justicia ambiental. La IA no solo puede precarizar trabajos o copiar contenidos; también puede absorber agua y energía de comunidades que no participan en sus beneficios.
Este punto conecta con una crítica más amplia a la economía digital. Durante años, las plataformas externalizaron costes: moderación emocional, extracción de datos, precarización laboral, dependencia informativa. Ahora la IA externaliza también costes físicos. El entusiasmo por modelos más grandes y vídeos más realistas oculta una pregunta incómoda: ¿cuánto territorio, cuánta electricidad y cuánta agua estamos dispuestos a sacrificar para generar contenido sintético a escala industrial?
La respuesta no puede ser puramente moralista. La computación avanzada también puede servir para ciencia, medicina, modelización climática, eficiencia energética, educación, accesibilidad o investigación. El problema es que el mismo tipo de infraestructura alimenta usos muy distintos: desde descubrimiento de fármacos hasta generación masiva de imágenes, publicidad automatizada, entretenimiento desechable o spam. Sin una discusión sobre prioridades, todos los usos compiten por los mismos recursos.
Por eso crece la exigencia de transparencia. Los ciudadanos necesitan saber cuánta energía consumirá cada centro de datos, de dónde vendrá, qué emisiones generará, cuánta agua usará, qué tecnología de refrigeración aplicará, qué beneficios fiscales recibirá, qué empleos creará, qué impacto tendrá en tarifas y qué mecanismos de rendición de cuentas existirán. Sin esos datos, hablar de progreso tecnológico se convierte en fe.
Utah se ha convertido así en símbolo de una batalla que se repetirá. La IA generativa necesita más infraestructura y las tecnológicas buscarán territorios con suelo barato, energía disponible, permisos flexibles y gobiernos deseosos de atraer inversión. Las comunidades, por su parte, exigirán límites. El conflicto no desaparecerá; se intensificará a medida que los modelos sean más grandes y la demanda de cómputo siga creciendo.
El caso Stratos también obliga a los usuarios a mirar su propia relación con la IA. Cada prompt parece ligero. Cada imagen generada parece inmaterial. Cada vídeo sintético parece magia. Pero detrás hay una cadena de suministro enorme. La crítica ciudadana no dice simplemente “no a la IA”. Dice: no a una IA que concentra beneficios y distribuye costes; no a una IA que consume recursos comunes para producir beneficios privados; no a una IA que se presenta como inevitable sin someterse a debate democrático.
La industria puede responder de dos maneras. Una, insistir en la carrera, minimizar impactos y confiar en que el empleo y la inversión neutralicen la protesta. Otra, aceptar que la licencia social de la IA dependerá de eficiencia energética, uso responsable del agua, transparencia, planificación pública y límites. La primera vía alimentará más rebeliones locales. La segunda podría hacer posible una infraestructura digital más legítima.
El proyecto Stratos todavía puede enfrentar obstáculos, revisiones y oposición política. Los vecinos buscan un referéndum y los debates sobre agua, energía y permisos continuarán. Pero incluso si cambiara o se retrasara, ya ha cumplido una función: ha convertido en visible la escala física de la IA. Nueve gigavatios no son una metáfora. Son centrales, redes, turbinas, refrigeración, calor y territorio.
La conclusión es clara. La inteligencia artificial generativa no puede seguir vendiéndose como una tecnología limpia por defecto. Su coste depende de cómo se construye, dónde se ubica, qué energía usa, qué agua consume y qué utilidad social produce. Utah acaba de poner nombre a esa contradicción. Se llama Stratos. Ocupa más que dos Manhattan. Podría consumir más electricidad que un estado entero. Y ha provocado una pregunta que ya no puede esquivarse: ¿quién paga realmente la factura de la IA?
