La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha aprobado una nueva regulación que declara internet como un servicio esencial y restablece la neutralidad de la red, revocando las medidas impuestas durante la administración de Donald Trump. Esta decisión, largamente esperada por defensores de la libertad en internet, fue adoptada por una estrecha mayoría de tres votos a favor y dos en contra, reflejando la división política en torno a este tema.
La neutralidad de la red es un principio que prohíbe a los proveedores de internet (ISP) bloquear, ralentizar o dar trato preferencial a cualquier contenido que circule por sus redes. Este principio fue robustecido durante la administración Obama en 2015, cuando la FCC clasificó a internet como un servicio de telecomunicaciones bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones, lo que le otorgaba amplios poderes para asegurar su acceso abierto y equitativo.
Sin embargo, en 2017, bajo la administración Trump y con una nueva mayoría republicana en la FCC, este marco fue desmantelado, argumentando que inhibía la inversión y la innovación. Esta derogación fue seguida por una intensa controversia y debate público, con muchos expertos y consumidores preocupados por las potenciales consecuencias negativas para la libertad de expresión y la igualdad de acceso a la información.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reafirma la neutralidad en la red como principio fundamental, marcando un retorno a la regulación previa a la era Trump.
La nueva regulación de la FCC no solo reinstaura los principios de 2015, sino que también amplía el alcance de la supervisión sobre los proveedores de servicios de internet. Al calificar a la banda ancha como un servicio esencial, la FCC busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un internet rápido, seguro y justo, sin discriminación ni preferencias indebidas.
Uno de los aspectos más significativos de la nueva normativa es su enfoque en la seguridad nacional y la supervisión de las interrupciones del servicio. La FCC ahora tiene autoridad para revocar las autorizaciones de operadores de banda ancha que representen una amenaza para la seguridad nacional y para intervenir activamente en casos de interrupciones de servicio que afecten actividades críticas como el teletrabajo, la educación en línea o el comercio electrónico.
La presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, nombrada por el presidente Joe Biden, ha defendido vigorosamente la medida, afirmando que la pandemia demostró que el acceso a internet es una necesidad, no un lujo, y debe estar regulado y supervisado adecuadamente para proteger los intereses de los ciudadanos.
Por otro lado, el secretario general de la FCC, Brendan Barr, un nombramiento republicano, ha criticado fuertemente la regulación, argumentando que internet ha prosperado sin la necesidad de una regulación estricta y que la nueva norma podría desincentivar la inversión y la innovación en el sector.
Con esta decisión, Estados Unidos se une a varios países que consideran el acceso a internet como un derecho fundamental y un servicio esencial. La medida es vista como un paso adelante en la protección de los derechos digitales de los ciudadanos y en la promoción de un ecosistema de internet más abierto y equitativo.
Sin embargo, la implementación de la nueva regulación será crítica. La FCC deberá equilibrar la supervisión y regulación sin sofocar la innovación, en un contexto en que la infraestructura de internet se vuelve cada vez más vital para la economía y la sociedad. Las próximas elecciones en EE.UU. podrían determinar si esta nueva normativa perdura o si enfrenta nuevos desafíos políticos y legales.
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